Ayer un centenar de motociclistas arribaron al centro de Cuernavaca lentamente y haciendo sonar su bocina. Rodearon el Palacio de Gobierno y la Plaza de Armas y se estacionaron sobre la calle de Galeana. El tráfico comenzó a acumularse y los vecinos quizá pensaron que alguien tendría una gran fiesta porque los motociclistas eran solo repartidores de comida por aplicación.
Como muchos otros trabajadores, los repartidores se encontraban indignados por la inseguridad en la que vivimos y su “Rodada por la Paz” la organizaron a raíz del asesinato de uno de sus colegas en una plaza comercial de Cuernavaca en un intento de asalto para despojarlo de su motocicleta, que era su principal herramienta de trabajo.
Uno de los voceros dijo que los repartidores de comida sufren entre dos y tres asaltos diariamente en el estado y que, cuando sus aplicaciones son informadas, se limitan a cancelar el pedido, sin ofrecer siquiera notificarle a la policía o enviar una ambulancia.
“No es justo que salgamos con miedo a trabajar -dijo el vocero, que permaneció anónimo en el pronunciamiento que hicieron en el Palacio de Gobierno-, nosotros no somos gente de mal, somos gente de bien que honradamente nos ganamos el pan de cada día para alimentar a nuestras familias”.
Como los profesores hace unos días que tomaron las calles de la capital en protesta por la inseguridad, ahora fueron los repartidores de comida y mañana podrían ser incluso los policías por las condiciones en las que trabajan y las responsabilidades que les conferimos ante una criminalidad avasallante.
Pero los repartidores de aplicaciones tipo Didi o Uber Eats que la mayoría hemos empleado en alguna ocasión, sufren de condiciones laborales que no son nada envidiables y en donde su fortaleza reside en la solidaridad de los compañeros, pues carecen de cualquier prestación o estabilidad laboral.
No hace mucho tiempo las organizaciones civiles OXFAM México y el Instituto de Estudios sobre Desigualdad (INDESIG) dieron a conocer su estudio “Este Futuro No APPlica”, en el que concluyeron que el 55 por ciento de quienes trabajan como repartidores tendría problemas para cubrir sus necesidades básicas y las de sus dependientes si sólo viviera con el ingreso generado a través de las aplicaciones, por lo que más de la cuarta parte de repartidores trabajan con las plataformas para completar sus ingresos; además, el 70 por ciento de ellos no tiene ningún tipo de seguro médico.
Son trabajadores obligados por las circunstancias que viven en la precariedad y en la explotación laboral, según Máximo Ernesto Jaramillo Molina de INDESIG, que en el mejor de los casos reciben un ingreso de poco más de seis mil pesos al mes y que, con la figura de “socios”, las empresas a las que les trabajan se eximen de darles prestaciones.
El problema que tenemos con los repartidores de comida, que ya son parte de la vida cotidiana de todo el estado, es múltiple, pues las leyes permiten este tipo de subempleo de alto riesgo que lo es aún más en las condiciones de alta inseguridad que vivimos los morelenses y que los obliga a arriesgar la vida de manera cotidiana, ya sea en un accidente o como víctimas de asaltos. Desde luego, algo se tendría que hacer y, en el caso de los repartidores de comida de aplicación, se podría empezar por la revisión de las condiciones en que las apps consiguen a sus “socios”, así como las prestaciones sociales y seguros que les ofrecen.