A través de un juicio de apelación, magistrados de la Sala del Segundo Circuito del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) revocaron el auto de no vinculación a proceso, al considerar que la Fiscalía aportó los suficientes datos de prueba para vincular a proceso al exsecretario de Desarrollo Sustentable y dos exfuncionarios más por el delito de ejercicio indebido del servicio público, al pagar más de 12 millones de pesos por una planta valorizadora de residuos ubicada en el municipio de Mazatepec.
Por omisión en la vigilancia, seguimiento de la construcción y operación de la planta valorizadora de residuos ubicada en el municipio de Mazatepec, fueron imputados Topiltzin “N” ex secretario de Desarrollo Sustentable de la anterior administración estatal, José Iván “N” ex subsecretario de Gestación Ambiental y Noé “N ex Director General de Gestión Ambiental.
Y es que la planta de Mazatepec no fue operada de forma correcta y tampoco recibió el mantenimiento necesario, por lo que ahora se encuentra inservible.
En audiencia de apelación, relacionada con el Toca Penal 122/2022-13-OP, los magistrados declararon fundados y motivados los agravios expuestos por la Fiscalía Anticorrupción, ya que durante la imputación presentó los datos de prueba suficientes para lograr la vinculación a proceso.
Y es que los imputados recibieron la planta de valorización de Mazatepec para operar por dicha dependencia o a través de concesión y mantenerla a niveles óptimos de funcionamiento, lo que no sucedió, ya que la empresa que la operó no tenía la capacidad técnica ni certificación para hacerlo apegándose a los manuales y protocolos de funcionamiento, y tampoco dio mantenimiento preventivo, lo que ocasionó daños severos, dejándola inservible.
El pasado 29 de noviembre del 2016 se firmó un acta de entrega física y formal de una planta de valorización de residuos sólidos en el municipio de Mazatepec, construida por la empresa Fabricantes y Distribuidores de Materiales para la Construcción S.A de C.V (FADIM), por la que se pagaron 12 millones 121 mil 297 pesos con 50 centavos.
Los ex funcionarios tenían la obligación de vigilar que la planta fuera entregada operando eficientemente, así como verificar el correcto uso del equipo y la capacitación de las personas que lo manejaban, pero al recibirla no se ocuparon de revisar si funcionaba de forma apropiada y tampoco verificaron que cumpliera con lo establecido.
Por ello, los magistrados de la Sala del Segundo Circuito del TSJ determinaron vincular a proceso a los exfuncionarios y ordenaron a la Juez citar a audiencia para determinar el plazo de investigación complementaria.
Por lo que, tras la audiencia se fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.