Durante la mañana de este sábado, un juez de control y juicios orales decretó una nueva prisión preventiva para Uriel Carmona Gándara, Fiscal General del estado de Morelos, por el delito de encubrimiento por favorecimiento en el caso del feminicidio de Ariadna Fernanda. El próximo siete de septiembre se podría llevar a cabo la audiencia de vinculación a proceso.

El equipo de defensa legal del Fiscal, calificó esta nueva acción legal como un “secuestro político” por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Después de la audiencia inicial, el abogado particular, Gabriel Regino, argumentó que la nueva orden de aprehensión no justifica la prisión preventiva. Destacó que Carmona goza de fuero constitucional, confirmado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y que un Tribunal Colegiado ordenó su liberación.

El abogado también señaló que la nueva orden de aprehensión de la Fiscalía Capitalina fue emitida en un tiempo récord de 14 minutos, lo que es inédito en la historia del ámbito penal de la Ciudad de México. El Fiscal se enfrenta a acusaciones relacionadas con su desempeño como funcionario público y alegaciones de obstaculización de la justicia en un caso de feminicidio.

Cabe mencionar que el funcionario morelense enfrenta al menos 10 órdenes de aprehensión por diversas causas penales.

El viernes pasado, un Tribunal Colegiado Federal ordenó la liberación inmediata del Fiscal de Morelos. Sin embargo, la FGJCDMX cumplimentó una nueva orden de aprehensión en su contra por su supuesta implicación en el delito de encubrimiento por favorecimiento en cuanto Carmona salió del reclusorio en el que se encontraba detenido.

El Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía de Investigación Estratégica de Asuntos Especiales de la Coordinación General de Investigación Estratégica, solicitó y obtuvo el mandato judicial, que fue ejecutado por investigadores mientras el exfuncionario abandonaba el Reclusorio Preventivo Varonil Sur. Se notificó la orden de aprehensión al acusado siguiendo los procedimientos policiales habituales.

Carmona Gándara fue trasladado para una evaluación médica antes de ser presentado ante el juez de control que lo requirió en el mismo centro penitenciario.

Según las investigaciones, Uriel Carmona, en su papel de titular de la Fiscalía General de Justicia del estado de Morelos, dispuso para fungir como enlace y responder a todas las solicitudes que le realizaría otra autoridad que efectuaba investigaciones vinculadas a la mala actuación de servidores públicos en la integración de una carpeta por un delito de feminicidio, a una persona que posiblemente no contaba con las facultades para hacerlo.

Lo anterior, con la probable intención de retrasar los procedimientos y no hacer entrega de la información requerida, lo que se acredita con diversos oficios que suscribió previo acuerdo con el imputado, en donde de manera sistemática, negaba la entrega de lo solicitado.

La investigación se centra en si el Fiscal General de Justicia del Estado de Morelos obstaculizó indebidamente la procuración de justicia en el caso mencionado.

La FGJCDMX manifestó su rechazo a la eliminación de la prisión preventiva

El viernes, en cuanto se dio a conocer la determinación del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito del Poder Judicial Federal por modificar a Carmona Gándara la prisión preventiva como medida cautelar, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México hizo público su “su más enérgico rechazo y profunda indignación” por la medida.

El coordinador general de asesores y vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara López, reiteró que “el servidor público imputado no cuenta con inmunidad procesal para delitos contenidos en causas penales del fuero común, así lo determinó de manera expresa la máxima autoridad judicial del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando señaló que el fuero constitucional del fiscal general de Morelos sólo es aplicable para el caso de delitos federales, en términos del artículo 111, párrafo quinto de nuestra Constitución Federal, tan es así que continúa vinculado a proceso”.

Asimismo, aseguró que la FGJCDMX “ha actuado de acuerdo a los protocolos que el caso requiere. Nuestro deber es garantizar el acceso a la justicia, particularmente para las víctimas de feminicidio, el más atroz delito que puede cometerse en contra de una mujer y buscar sentencias contundentes contra quienes no desempeñen adecuadamente el cargo para el que fueron designados”.

Y reiteró que, en el caso de Carmona, se ha actuado bajo el imperio de la ley y bajo la supervisión del Poder Judicial, “no violamos la Constitución, ni violamos el Estado de Derecho. Combatimos la impunidad y únicamente buscamos justicia para Ariadna Fernanda y su familia”.

 

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Foto: FGJCDMX