CARLOS QUINTERO
Desde hace más de un año, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) investiga el robo de 17 armas de fuego, cortas y largas, de la Unidad de Bienes Asegurados de la Fiscalía General del Estado de Morelos, pero no es el único caso; hacen falta al menos 44 armas relacionadas con diversos sucesos.
Una denuncia presentada desde el 8 de noviembre de 2019 por la posible comisión del delito de Ejercicio Ilícito de Servicio Público y en contra de los servidores públicos que resulten responsables, no presenta avances.
Las 17 armas de fuego buscadas por la FECC se encontraban en el Cuarto de Evidencias de la zona metropolitana desde el 9 de febrero de 2013, cuando el entonces Procurador General del Estado, Rodrigo Dorantes Salgado, fue víctima de un atentado en el que resultaron muertos tres de sus escoltas de la Policía Ministerial.
Las armas les fueron aseguradas a diez agentes de la entonces recién creada Policía Estatal Acreditable, que se consideraron implicados en el atentado perpetrado a 16 días de haber asumido la Procuraduría Dorantes Salgado. Tras el juicio, en donde no se logró acreditar la responsabilidad de los policías, la Comisión Estatal de Seguridad (CES) Morelos solicitó la mediación del Tribunal para que ordenara el regreso de las armas, sin embargo, “la Fiscalía no lleva un adecuado control de su cuarto de evidencia y las armas ya se las robaron”, según se informó en su momento.
Por este motivo, con fecha 8 de noviembre de 2019, se presentaron dos denuncias por los delitos de Ejercicio Ilícito del Servicio Público y lo que resulte, en contra de quien resulte imputado ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción.
Previo a la denuncia, a fin de deslindar responsabilidades, la CES pidió a la Fiscalía presentar la denuncia que inició Adriana Pérez Martínez en su calidad de Directora General de la Unidad de Bienes Asegurados.
La Ley establece que la Dirección General de la Unidad de Bienes Asegurados se encarga de la administración, control, vigilancia y final disposición de los bienes asegurados a consecuencia de hechos delictivos, competencia de la Fiscalía General.
La querella indica que el 18 de diciembre de 2018, a menos de un mes que Pérez Martínez asumiera el cargo, recibió un oficio de “armas puestas a disposición Fiscalía General y PGR”, firmado por Adriana Pineda Fernández, entonces titular de la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión.
“…, mismo que la suscrita tenía que revisar con la finalidad de ubicar físicamente las armas para que el apoderado legal de la Comisión Estatal de Seguridad solicitara las mismas”, dice en su declaración la Directora de Bienes Asegurados.
En la denuncia, Pérez Martínez, menciona como antecedente que ella conoció de un robo con violencia suscitado en la bodega general de evidencias, el 14 de noviembre de 2016, en la colonia Tlahuapan, municipio de Jiutepec, “…, y me coordiné con el licenciado Jonathan Valladares Flores, quien en su momento fue el agente del Ministerio Público (…) con la finalidad de conocer las características de las armas de fuego que habían sido sustraídas”.
Entre las armas robadas, Adriana Pérez logró identificar tres armas largas relacionadas con la lista de las 17 armas de fuego retenidas tras el atentado a Dorantes Salgado.
En su denuncia, Pérez Martínez, reconoció la falta de control y cuidado que existe en los cuartos de evidencias de las zonas metropolitana, oriente y sur poniente, y por lo que realizó la inspección con personal de la Visitaduría General y Asuntos Internos.
Según la versión de la servidora pública, se han encontrado diversas armas de fuego así como algunos “artefactos similares”, que fueron trasladados al Sector Central en diversas fechas, “…, previa revisión que realiza el personal del Órgano Interno de Control, personal que se integró a dicha revisión a partir del día 14 de octubre de 2019, haciendo mención que derivado de los resultados que se obtengan posteriormente (…), se irán presentando las denuncias correspondientes”.
En el cruce de información que la Directora de Bienes Asegurados realizó en los cuartos de evidencias de las tres zonas se ha identificado, hasta el momento, un faltante de 44 armas de fuego que corresponden a otros casos.
Se trata de pistolas, carabinas, fusiles, escopetas, revólveres y rifles de distintos tipos, marcas, calibres y modelos que se encuentran relacionados con al menos 24 carpetas de investigación de delitos de alto impacto.
“Por lo anterior y toda vez que la suscrita aún se encuentra realizando la revisión en la Bodega General de Indicios de Tlahuapan, se presume que, con posterioridad derivado de los resultados obtenidos, se presentarán las denuncias correspondientes a fin de esclarecer las causas o motivos de los indicios faltantes dentro de dicha bodega”, concluye la querella.
El miércoles 15 de septiembre de 2021, un tribunal de enjuiciamiento ordenó a la Fiscalía General la devolución total de las 17 armas de fuego, cortas y largas, desaparecidas del cuarto de evidencia de la Dirección General de Bienes Asegurados, pero a más de un año de la resolución, las armas no han sido entregadas. Sin embargo, las carpetas no han prosperado. La Fiscalía Anticorrupción no investiga a su propio personal por lo que el caso se mantiene impune.
Lo que revela Guacamaya Leaks. Por robos o extravíos: casi un centenar de armas faltantes de la FGJ y la CES
La Fiscalía General de Justicia (FGJ) y la Comisión Estatal de Seguridad (CES) ocultan el robo y pérdida de armas de fuego, algunas de las cuales han sido usadas en homicidios, tiroteos y delitos callejeros.
El hackeo de Guacamaya Leaks a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), exhibió algunos casos de desaparición o robo de armas que están bajo custodia de los titulares de ambas corporaciones.
El informe de la SEDENA titulado “Cuatro Campos del Poder”, de fecha 8 de abril de 2020, revela que la Fiscalía General y la Comisión Estatal tienen un depósito de 7 mil 638 armas de fuego.
La “situación del armamento del estado” establece que la CES tiene bajo su resguardo 6 mil 967 armas, de las cuales 4 mil 130 son cortas y 2 mil 837 largas, amparadas en la Licencia Oficial Colectiva número 145.
Mientras la Fiscalía del estado tiene un arsenal de 671 armas de fuego, 320 cortas y 351 largas, amparadas en la Licencia Oficial Colectiva número 138.
El informe habla de una fuerza de seguridad pública de 2 mil 245 policías municipales y mil 701 policías estatales, de los cuales 520 están adscritos a la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar (PIBA) y 326 a la Agencia de Investigación Criminal.
El reporte de la SEDENA destaca que “Prevalece la disposición de los titulares de las licencias colectivas que deben de mantener el número de armas autorizadas a esta secretaría a fin de no existir excedentes”.
Robo en la CES
El 22 de marzo de 2022, la Dirección General del Registro de Armas de Fuego y Control de Explosivos impuso una sanción administrativa al Comisionado Estatal de Seguridad Pública de Morelos por el robo de dos armas de fuego amparadas en la Licencia Oficial Colectiva No. 145.
“Estas irregularidades son unas de las máximas infracciones a la normatividad de la materia, debido al peligro que representa el incremento de armas de fuego que son susceptibles de ser empleadas en actividades delictivas”, dice el oficio firmado por el General de Brigada, José Manuel Ramírez Martínez.
Las armas son una pistola calibre nueve milímetros, marca Glock y un fusil calibre 5.56, marca IWI, cuyo robo fue denunciado por Oscar González Marín y el hecho ocurrió en el municipio de Temixco. “…, resulta procedente imponerle una sanción administrativa consistente en una multa por 20 Unidades de Medida y Actualización por no informar oportunamente a esta dependencia dentro de las 72 horas posteriores al robo”.
En su argumento, la autoridad militar resolvió que no se adoptaron las medidas administrativas de información necesaria para que se realizara el informe en el tiempo establecido hasta una semana después.
Robo en la Fiscalía
Uno de los últimos robos de armas a la Fiscalía que consta en los documentos hackeados por Guacamaya Leaks, refiere el caso ocurrido el 16 de junio de 2022.
El entonces Comandante de la 24/a Zona Militar, General de Brigada del Estado Mayor, Jorge Antonio Maldonado Guevara, informó al Fiscal Uriel Carmona sobre la sanción administrativa que le impusieron por el robo de un arma de fuego. Lo anterior, en su calidad de Fiscal General del Estado y titular de la Licencia Oficial Colectiva número 138.
La pistola calibre nueve milímetros, marca Beretta fue robada a un agente de investigación criminal cuando el arma se encontraba en su vehículo particular.
“…, denotando falta de control en el manejo y resguardo del armamento amparado en la Licencia, asimismo se observa que no resguardó su arma de cargo en el depósito de armamento de esa corporación al concluir su jornada laboral. Siendo que quedar un arma de fuego fuera del control institucional, esta puede ocasionar daños o perjuicios a la ciudadanía, lo que es contrario a la Seguridad Pública”.
Se observa que, a diferencia de la sanción impuesta al almirante José Antonio Ortiz Guarneros, al fiscal Uriel Carmona Gándara se le impuso la sanción de una multa administrativa por 400 Unidades de Medida y Actualización.
FISCALÍAS INDIFERENTES
A fin de conocer las versiones del Fiscal General Uriel Carmona Gándara y del Fiscal Anticorrupción Juan Salazar Núñez, se solicitó una entrevista a través de sus respectivas áreas de prensa, sin embargo, ignoraron la petición y no se tuvo ninguna respuesta.
Lo anterior, con la finalidad de abundar y conocer detalles del estado en que se encuentran las denuncias presentadas por el robo del armamento y el faltante de armas de fuego de los cuartos de evidencias de las Fiscalías Regionales.