Por Carolina Aguilar*

En días pasados mucho se ha hablado acerca de una de las reformas más significativas de este año: la reforma al artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo que busca la ampliación de 6 a 12 días de vacaciones. Su relevancia se traduce en una exigencia social emergente, pues no se ha visto un cambio sobre el tema desde 1931, siendo una de las grandes deudas en materia laboral.
Es por esta razón que el debate surgido a consecuencia de su discusión, ha pasado por altas y bajas. En un primer momento, el 03 de noviembre, el Senado de la República aprobó el dictamen sobre vacaciones dignas por unanimidad con un resultado de 89 votos a favor, estableciéndose que las personas trabajadoras con un año de servicios podrán disfrutar de un período anual de vacaciones pagadas de por lo menos 12 días de vacaciones. Con este resultado, diversas fuentes de información hicieron público el grito de victoria de la fuerza trabajadora mexicana.
Una vez que esta minuta fue turnada a la Cámara de Diputados, el escenario dio un giro de 360 grados tras una intensa serie de disconformidades que generaron cambios a lo inicialmente aprobado en el Senado, situación que evidenció que la recuperación física, psicológica y emocional de las y los trabajadores no parecían ser una prioridad en su agenda. Estos cambios estipulaban que los seis días adicionales se concederían previo acuerdo con el patrón.
Lo anterior parecía haber puesto fin a la reivindicación de los derechos laborales de la clase trabajadora mexicana, particularmente debido a que la realidad del día a día de muchas personas es no contar con estabilidad en el empleo y tener que luchar por sus prerrogativas adquiridas, es decir, ¿qué razones justifican que el trabajador tenga que “negociar” su descanso?
Y es que hablar de vacaciones no es una necesidad sin fundamento. De acuerdo con datos de la Organización Internacional del Trabajo, el descanso está asociado no solo con elevar los índices de productividad, sino además, las jornadas excesivas de trabajo están vinculadas con el desarrollo de enfermedades, e inclusive, pueden provocar la muerte. Esto ocurre debido a las condiciones del manejo de altos niveles de estrés sumado a que no todas las fuentes de trabajo cuentan con procesos organizacionales adecuados para la prevención y mitigación de los denominados riesgos psicosociales.
Si bien, en 2019 se gestó un significativo avance en el tema con la entrada en vigor de la NOM-035-STPS-2018 sobre Factores de riesgo psicosocial en el trabajo, misma que establece multas a aquellas empresas que no la implementen en los centros de trabajo, previas supervisiones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, actualmente gran cantidad de empleadores no han puesto en marcha la totalidad de su contenido, siendo un tema aún pendiente.
Por fortuna, el pasado 08 de diciembre se discutió de nueva cuenta la minuta con las modificaciones, donde las y los diputados tomaron una postura distinta a la expresada en un inicio, razón por la que enviaron una adenda en la que se estipuló que se tendrá derecho a 12 días continuos de vacaciones pagadas al cumplir un año de trabajo, siendo a potestad de la persona trabajadora el señalar la distribución en la forma y tiempo que lo solicite.
Entonces, ¿qué es lo que falta? que los Senadores aprueben esta adenda, misma que será discutida nuevamente en próximos días, o en su defecto, hasta el 2023, por lo que los ánimos están latentes en la espera de que esta reforma entre en vigor, y así, comenzar a cambiar el viejo paradigma donde nuestros derechos laborales son considerados “regalos del Estado”.

*Profesora Investigadora

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