MUCHAS ELECCIONES Y POCAS NUECES
En México nos estamos acercando rápidamente al día 2 de junio, fecha en que se abrirán las urnas para elegir a la titular del Poder Ejecutivo Federal, 128 senadurías, 500 diputaciones federales, 8 gubernaturas, 1 jefatura de gobierno, 31 congresos locales, 1580 ayuntamientos, 16 alcaldías y 24 Juntas municipales.
Frente a este panorama ¿quién podría negar que en nuestro país existe un envidiable régimen republicano, liberal y democrático? ¿quién se atrevería a afirmar que vivimos en una dictadura? Además, como garantes de que “nuestro voto cuenta y se cuenta” se creó una institución (INE) que organiza todo lo requerido antes, durante y después de la jornada electoral, y otra (TEPJF) que resuelve sobre los conflictos que pudieran presentarse.
Por ello, de acuerdo al pensamiento hegemónico moderno, México es un país democrático, ya que de manera regular se realizan elecciones para determinar quiénes, en representación de los ciudadanos, habrán de ocupar los puestos y funciones ejecutivas y legislativas, en los tres órdenes de gobierno, esto es, federal, estatal y municipal.
A pesar de todo lo anterior, existen diversos cuestionamientos sobre el modo en que este diseño institucional electoral ha operado. Cuatro son las mayores críticas a la forma en que se gestiona la democracia en México: la injerencia de los partidos políticos en los órganos que deberían ser neutrales y “ciudadanos”, el excesivo recurso púbico que se le otorga al INE (para 2024 casi 23 mil millones de pesos) y a los partidos políticos (10 mil 444 millones de pesos), la falta de control sobre el flujo de los recursos financieros privados no permitidos en cuanto a su fuente y su monto, y el incumplimiento por parte de los partidos políticos de la normatividad establecida para las diversas fases del proceso electoral. Alrededor de las anécdotas, declaraciones, y denuncias sobre estos temas se consume gran parte del tiempo de la opinión pública, de la publicada, y de la transmitida por medios electrónicos.
El otro aspecto que en mayor medida desvirtúa la calidad de la democracia en México, situación que por cierto es muy común en otros países, consiste en que las campañas electorales se caracterizan por los ataques personales entre los candidatos, agudizadas últimamente por la generalizada e impune práctica de la posverdad. La discusión no se centra en los diagnósticos y soluciones a los problemas comunes, sino en la forma de denigrar y descalificar a las personas, sus colaboradores, amigos, y familias, sin importar la veracidad de los ataques y denuncias.
Actores centrales en el fomento de este indigno y amarillista modo de promover la democracia electoral son los medios de comunicación corporativos y quienes utilizan las redes sociales de manera perniciosa. No olvidemos que quienes más se alegran de que llegue la temporada de procesos electorales son los partidos políticos y los medios de comunicación convencionales, ya que son los principales receptores de las grandes cantidades de dinero que, legal e ilegalmente, reciben para realizar y promover las campañas electorales.
¿Qué hacer, entonces, con el modelo actual de democracia representativa, en el que la sociedad se ve involucrada para elegir representantes, sin que existan las garantías de que realmente nos representen? ¿por qué ser cómplices de este gran teatro? ¿habrá manera de modificar el guion, para dejar claramente establecido bajo qué condiciones, y sobre qué materias, autorizamos a nuestros representantes a tomar decisiones, y en cuáles los ciudadanos nos reservamos el derecho de manifestar directamente nuestra voluntad, utilizando para ello mecanismos propios de la democracia participativa?
¿Cómo dar paso a una democracia real y no solo formal y procedimental en México, que hasta pudiera servir de modelo e inspiración a otras naciones? En nuestro artículo anterior señalamos que, por ejemplo, “un cambio sustantivo, entre otros, deberá ser la modificación del esquema de estímulos, condiciones y mecanismos para participar en puestos de elección popular, asumiendo que ese tipo de democracia seguirá vigente por algún tiempo más”. Hay que pensar cómo construir en colectivo un modelo integral de participación ciudadana e intermediación política en el que se defina con claridad y sencillez la naturaleza y formas de intervención de los partidos políticos, de los candidatos, de los órganos electorales, de los medios de comunicación, y de las formas de financiamiento electoral. Lo que existe normado actualmente en esta materia ya no garantiza la atención del conjunto de necesidades que se viven en una sociedad compleja.
A un par de semanas de iniciar el período de campañas políticas (1 de marzo al 29 de mayo) no hay forma de cambiar leyes y reglamentos electorales, sin embargo, hay cosas que pueden hacerse de manera distinta, sin necesidad de cambiar, ni de violar la normatividad vigente. En próximos artículos haremos algunas sugerencias.
A quienes están conformes con las normas actuales de gestión de la democracia representativa (el “INE no se toca”, ni tampoco cualquier otra norma) sólo habría que pedirles que se aseguren de que lo actual se cumpla a cabalidad en este proceso electoral. A su vez, los que creemos que, aunque se ajuste, la norma actual ya no cumple su propósito, estamos obligados a proponer los cambios que a futuro consideramos necesarios.
*Interesado en temas de construcción de ciudadanía.
