En los últimos cinco años, los fenómenos climáticos extremos se han vuelto más frecuentes en México. Las sequías históricas de los años 2020 y 2021 provocaron que una de las reservas más grandes de agua dulce del centro sur del país, el lago de Cuitzeo en Michoacán, prácticamente se haya convertido en una inmensa planicie seca y árida, afectando las actividades productivas de pesca y turismo tradicionales del entorno.
Otro fenómeno climático extremo son las inundaciones, que incluso han ocurrido en lugares como los estados de Hidalgo y Chihuahua, que no se caracterizan por la abundancia de luvias a lo largo del año. El año pasado el desastre del huracán Otis en Acapulco, Guerrero, es una confirmación lamentable de que México no está preparado y tiene que invertir de forma urgente en políticas de prevención, mitigación y adaptación frente al cambio climático.
Uno de los factores que más influye en la generación de estos eventos es el calentamiento global, en el que la quema de combustibles fósiles y la emisión de gases de efecto invernadero ha provocado un incremento acelerado de la temperatura. En México, la tendencia es al calentamiento; de acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, esta tendencia se ha acelerado a partir del año 2005.
A nivel global, científicos de la NASA confirmaron que el mes de julio de 2023 fue el mes más caluroso de la historia. El aumento de las temperaturas se ha concentrado en el mar, en particular, en las zonas costeras, lo que hace a México uno de los países más vulnerables a nivel global dada su geografía de más de 15,000 kilómetros de costa hacia los océanos pacífico y atlántico.
Frente a esta realidad y pese a los datos científicos que son de conocimiento público desde hace más de una década, el gobierno federal ha desaparecido el Fondo Nacional de Prevención de Desastres Naturales (Fonden), así como ha recortado sistemáticamente el presupuesto a las instancias de vigilancia y procuración de justicia ambiental.
Recuperar el tiempo perdido y adoptar medidas eficaces hacia la sostenibilidad es la única forma de evitar los costos y el impacto económico de fenómenos hidrometereológicos como el del huracán Otis, cuyo cálculo de daños económicos, de acuerdo con la agencia calificadora Fitch Ratings, ronda los 16,000 millones de dólares, entre daños a la infraestructura, negocios y hogares, lo que convierte a este evento climático por sí solo, en el más costoso de la historia para México.
Las medidas a considerar tienen que tomar en cuenta la disponibilidad actual de recursos naturales y el grado de afectación de los diversos ecosistemas. Aunque en el pasado reciente las medidas predominantes han sido de prevención y mitigación, las cuales han sido a su vez objeto de planeación y financiamiento internacional, se hace indispensable considerar medidas de adaptación, que brinden resiliencia en el mediano y largo plazo en los diversos ámbitos naturales, dada la carencia de efectividad de las medidas adoptadas.
Esta falta de eficacia obedece a múltiples factores, desde el carácter fragmentado de su adopción, hasta las diferencias de su aplicación en sede local. Si bien constituye un gran avance el que en la penúltima Conferencia intergubernamental sobre cambio climático (COP27) en Egipto, se aprobara la creación de un fondo para pérdidas y daños ambientales en los países vulnerables, el fondo resulta dependiente de la variable consenso internacional, dado el desafiante contexto geopolítico actual, lo que implica la necesidad de una mayor responsabilidad de los Estados en su realización.
*Profesor investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos