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Luis Raúl González Pérez*

El pasado 21 de abril se llevó a cabo, en el Colegio Nacional, dentro del seminario permanente el Derecho y la salud mental, un foro sobre los derechos de los migrantes, tema de vigente actualidad por las violaciones a derechos humanos que sufren las personas en contextos de movilidad, quienes por insuficiencia alimentaria o por violencia y contra su voluntad, en unos casos buscan mejores oportunidades de bienestar, en tanto en otros conlleva evitar agresiones a su integridad o a su propia vida.

El lector se preguntará porque el título de este artículo y es que ahí tuvimos oportunidad de exponer que como estado y como sociedad tenemos una obligación pendiente que satisfacer con las personas en movilidad, señalamos que esa deuda migrante significa devolverle la posibilidad de que sus derechos sean vigentes, de terminar con la historia de exclusión, marginación y discriminación, que ha marcado el presente y condicionado, en buena medida, el futuro. Cómo también nuestra sociedad, hasta cierto punto, permanece ajena o inclusive indiferente sustentada en la falta de empatía y solidaridad ante los abusos que sufren. Cómo la opinión pública se interesa e involucra más en el tema cuando ocurren las reprobables tragedias, como la que hace unos días aconteció en Ciudad Juárez, que dejo 40 migrantes muertos y 25 heridos. Pareciera una página más de un libro de horror, miseria, exclusión y abandono, que se viene escribiendo desde hace varios años y cuya constante es la negación de los derechos de las personas que migran, así como la afectación a su integridad, patrimonio, y no en pocos casos a su vida.

En este libro de horror se inscriben los 19 migrantes que habrían sido asesinados en Camargo, Tamaulipas, por policías estatales en enero de 2021; los 56 migrantes que murieron en un accidente carretero en Chiapas, en diciembre de 2021; los cuando menos 13 migrantes que fueron decapitados por presuntos miembros del crimen organizado en Cadereyta, Nuevo León, en mayo de 2012; así como los 72 migrantes que fueron masacrados por criminales en San Fernando, Tamaulipas, en 2010. Tan sólo en 2022, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, en México se habría registrado la muerte de 955 personas migrantes. La mayoría de estos hechos desafortunadamente siguen total o parcialmente impunes.

De otro lado, la problemática migrante se ha redimensionado y agravado entre otros por crisis económicas y políticas de los distintos países de la región latinoamericana, teniendo como efecto que los binomios pobreza y exclusión, violencia e inseguridad, así como corrupción e impunidad, estén presentes en muchos de estos países, agravándose con la pandemia COVID-19 y sus afectaciones. A ello se suma los movimientos masivos que se han identificadocomo caravanas migrantes.

Todo lo anterior conlleva a que los gobiernos debieran focalizar la atención del fenómeno migratorio con un carácter humanista, centrado en las personas y en la vigencia de sus derechos, que parte de principios de solidaridad, responsabilidad, congruencia, para efecto de generar en los distintos países condiciones básicas de legalidad, justicia, seguridad y desarrollo (educación, salud, empleo), y no verlo solo como tema de seguridad, que a veces da la percepción que es un tema de negociación política nacional o internacional.

A nivel internacional la deuda migrante alcanza también a los Organismos Universal de Derechos Humanos de la ONU y regional de la OEA pues no han tenido la capacidad de incidir suficientemente en los países para remediar la problemática expuesta.

Vinculado con la deuda migrante esta la lentitud burocrática de las instancias que tendrían a su cargo las resoluciones de casos de refugio, pues se estima que actualmente existen más de 117 mil solicitudes de refugio pendientes en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR). De otro lado debieran hacerse modificaciones legislativas que fueran congruentes con lo que, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó en un amparo que los plazos de 15 y 60 días previstos en la Ley General de Migración son inconstitucionales, pues trascienden por mucho el límite máximo previsto en la Constitución para faltas de naturaleza administrativa de 36 horas o bien atender también la resolución de la SCJN de no realizar revisiones migratorias fuera de las líneas de revisión establecidas para tal efecto, derechos reconocidos pero cuya violación subsiste.

Las deudas con las y los migrantes son muchas y nos corresponden a todas y todos, desde luego en primer término a las autoridades que tienen la obligación de respetar los derechos, saldarlas.

Especialista en Derechos Humanos

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