El sistema democrático es muy sencillo aunque muchos parecen no entenderlo: la gente, por mayoría, elige a sus gobernantes y éstos actúan en beneficio también de la mayoría. En un gobierno con división de poderes, tan son electos por la ciudadanía el Legislativo como el Ejecutivo, y cada uno tiene el deber de hacer lo que su nombre indica sin que ninguno se imponga al otro.
Para gobernar atinadamente los Poderes deben armonizar sus tareas y parecería que no habría mucho debate si en realidad se ejerciera el gobierno para solucionar las más urgentes necesidades de todos como sociedad. Cuando esto no sucede así, como generalmente ocurre en la política en todo el mundo, cada esfera de poder se conforma con trabajar su parcela con lo que tiene.
Por supuesto, existe la negociación, el diálogo y quizá hasta la persuasión, herramientas que la civilización humana se ha otorgado para zanjar diferendos y evitar enconos improductivos.
Es por eso que resulta tan evidente que la crisis política que vive Morelos -como reciente y atinadamente la calificó el propio Secretario de Gobierno- en torno al presupuesto 2023, se reduce a la incapacidad de todos por recurrir a la negociación y a la persuasión mediante razonamientos válidos, lo que inevitablemente ha desembocado en unapolarización ventilada públicamente, reduciendo el juego político a una pugna personal en la que pareciera que solamente se trata de averiguar quién puede más.
Se trata de una estira y afloje que ya lleva años y que, hasta el momento, por lo menos en materia presupuestal, ha ganado el Ejecutivo estatal tras la mediación de las instancias legales. Pero el resultado no es del todo favorable ni siquiera para éste: ejercer un esquema presupuestario viejo es desconocer la actualidad que se vive en Morelos.
El episodio 2022 de la telenovela comenzó oficialmente el pasado 30 de septiembre, cuando el encargado de despacho de la Secretaría de Hacienda José Gerardo López Huérfano, entregó al Congreso local el anteproyecto del Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2023, por un monto de 34 mil 116 millones.
El 26 de octubre el Legislativo aprobó el presupuesto tras hacerle diversos cambios de fondo: principalmente la reasignación de algo así como el tres por ciento del total y la eliminación de la partida de libre transferencia que utilizaba discrecionalmente el Ejecutivo el cual, a su vez, realizó diversas observaciones al presupuesto con lo que, en términos llanos, lo vetó.
Posteriormente, el Legislativo determinó desechar las observaciones del Ejecutivo y volvió a aprobar el presupuesto y ha dilatado la notificación oficial a éste para entorpecer que recurra, como en otras ocasiones, a su último as bajo la manga: la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Mientras tanto, el griterío ha sido ensordecedor, se ha llegado incluso al insulto y en él han intervenido, desde luego, presidentes municipales, pero también legisladores federales y hasta el Secretario de Gobernación y el Presidente de la República, estos últimos sin escatimar su apoyo al gobernador Blanco.
Como se decía arriba, lo ideal hubiera sido recurrir al diálogo y a la persuasión pero, a partir de nuestros gobernantes y legisladores, parecen ser productos que, por el momento, no se dan en estas tierras.
Pero tampoco nadie se debe sorprender que entre los gritos y sombrerazos ambas partes dejen ver la escenografía, el fondo de la puesta en escena, que se reduce a intereses personales de diversas índoles.
Finalmente, si en realidad todos trabajaran por la mayoría y en el real beneficio de Morelos, aunque tuviesen diferentes ópticas y opiniones, estamos seguros de que ya se habrían puesto de acuerdo.