Justicia y Adolescencia
¿Por qué los adolescentes no deben ser tratados como adultos en el sistema penal?
Carla Campos Rayado*
En los sistemas legales actuales, el trato penal que se da a los adolescentes ha cambiado de forma significativa. Esto se debe a que ahora se reconoce que los adolescentes son personas en pleno proceso de formación y no pueden ser juzgados como si fueran adultos.
Esta visión se apoya en conocimientos científicos, psicológicos y sociales que han demostrado que el desarrollo humano no es uniforme, y que durante la adolescencia existe una especial vulnerabilidad que debe ser atendida con sensibilidad y justicia especializada.
Durante esta etapa de la vida, los adolescentes atraviesan importantes cambios biológicos, emocionales y sociales. Su capacidad para tomar decisiones responsables, anticipar consecuencias o resistir la presión de grupo todavía no está completamente formada.
Muchos estudios en neurociencia indican que el desarrollo del cerebro continúa hasta los 25 años, especialmente en la zona que regula funciones como el control de impulsos, la toma de decisiones y la planificación. Esto no significa que los adolescentes no puedan distinguir entre lo correcto e incorrecto, pero sí que tienen mayores dificultades para actuar con autocontrol, sobre todo en contextos adversos o bajo influencias negativas.
El artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la existencia de un sistema de justicia penal especializado para adolescentes, en el que debe prevalecer la justicia restaurativa, la reintegración social y familiar, y un régimen de responsabilidad diferenciado. La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes (LNSIJPA) consolida este marco garantista al prever que la responsabilidad penal de las personas adolescentes debe ser atribuida con base en su grado de desarrollo y madurez, reconociendo expresamente el principio de capacidad evolutiva.
Este principio implica aceptar que la edad cronológica no lo es todo. Dos adolescentes con la misma edad pueden tener niveles muy distintos de madurez y comprensión, dependiendo de su entorno familiar, su educación, sus vivencias previas e incluso su salud mental.
Por ello, es importante que el sistema de justicia cuente con equipos interdisciplinarios que evalúen a fondo a cada adolescente antes de tomar decisiones sobre su responsabilidad y su sanción. Estos equipos deben incluir psicólogos, trabajadores sociales, pedagogos y profesionales especializados en infancia y adolescencia.
Sin embargo, en muchos contextos aún persiste la idea de que los adolescentes deben ser castigados con severidad, sobre todo cuando han cometido delitos graves. Se promueve una lógica de castigo ejemplar que busca dar respuestas inmediatas a demandas sociales de seguridad, pero que muchas veces olvida la necesidad de prevenir, educar y transformar.
El Comité de los Derechos del Niño de la ONU ha advertido que retroceder en los derechos conquistados por los adolescentes, como juzgarlos como adultos o imponerles penas desproporcionadas, es contrario a los tratados internacionales y representa una regresión inadmisible.
Además, un sistema que castiga sin considerar las condiciones personales y sociales del adolescente puede resultar ineficaz. Las estadísticas muestran que las penas severas no disminuyen la reincidencia; en cambio, los adolescentes que son tratados con justicia restaurativa, con apoyo psicosocial y oportunidades de reinserción, tienen muchas más posibilidades de reconstruir sus vidas de forma positiva. La sanción de internamiento, cuando se impone sin programas de apoyo, tiende a reforzar las conductas antisociales y a romper los vínculos familiares y comunitarios.
Por ello, es esencial apostar por un modelo de justicia restaurativa, reeducativa y terapéutica. Esto implica no solo sancionar, sino también dialogar con la víctima, reparar el daño, reflexionar sobre los hechos y brindar apoyo para que el adolescente pueda reinsertarse. Se trata de cambiar la lógica del castigo por una lógica de transformación. Este tipo de justicia también reconoce el rol de la familia, la escuela y la comunidad en el proceso de cambio. Si estos entornos se fortalecen, el adolescente tiene mayor probabilidad de alejarse de la violencia y construir un nuevo proyecto de vida.
En resumen, entender que los adolescentes no deben ser tratados como adultos en el sistema penal es una muestra de evolución en el derecho y de compromiso con los derechos humanos. Un sistema que respeta su desarrollo, que ofrece justicia adaptada a sus circunstancias y que promueve su reintegración familiar y social, no solo protege a los adolescentes, sino que construye una sociedad más segura, más justa y con mejores oportunidades para todos.
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*Juez de control, juicio oral y ejecución de sanciones del Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes del Estado de Morelos.
