José Martínez Cruz
Las violencias estructurales son las que lastiman los derechos humanos y hay que descubrirlas para poder erradicarlas. La explotación y la opresión, la exclusión y la discriminación, están en la raíz del sistema de dominación capitalista, pero se tratan de invisibilizar mediante un entramado jurídico político que se ha estructurado durante cientos de años, lo que implica que sea aceptado y normalizado como si se tratara de algo que siempre ha existido y que responde a la naturaleza de la sociedad. Por el contrario, los derechos se conquistan mediante la lucha, como se ha demostrado a través de la historia.
Las políticas autoritarias y represivas se establecen para garantizar la continuidad del sistema de dominación. Como señala el camarada Rayo en su tesis sobre el Estado de excepción permanente: “es mediante el derecho que se suspende el orden jurídico en su conjunto y se implanta un momento excepcional, extralegal, ya sea por medidas de “urgencia” o de otro tipo para mantener a la sociedad tal y como es en ese momento, o sea, un mecanismo legal que niega el derecho y se encuentra en el terreno de la política. En ese sentido, las múltiples violencias (objetiva, subjetiva y simbólica) provienen en gran medida del Estado capitalista, pero también de otros actores, que administran la muerte. Sin embargo, su relación es contradictoria tanto con el orden jurídico como con el económico. Situado históricamente, es hasta la segunda mitad del siglo XX que el estado de excepción toma una forma concreta y específica y se convierte en algo cualitativamente distinto, un aparato de represión y contención de la lucha de clases, así como un facilitador de la administración de la vida y la muerte que garantiza la reproducción de capital. Es necesario el estudio de la ciudad y la sociedad desde una mirada estratégica-militar para identificar cómo estos aspectos han encontrado cabida en los discursos oficiales y se implantan como lógica necesaria de funcionamiento. Por otra parte, la esfera de lo militar, en todas sus implicaciones ―éticas, sociales, políticas, económicas, ideológicas, humanas― se encuentra en manos de los especialistas y políticos. Dadas las repercusiones en la vida cotidiana y en la vida en general, dejar esa esfera en manos de los militares y los políticos implica ceder ante su visión de las cosas. En ese sentido, cobra mayor relevancia el estudio de estos temas en un mundo profundamente violento, porque nos puede dar alternativas reales a problemas que no han encontrado solución como la guerra contra las drogas y el narcotráfico”
A la luz de éstas reflexiones es importante considerar la situación actual en el caso del papel de los militares en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y los más de 112 mil personas desaparecidas en todo el país, lo que representa un verdadero drama humanitario.
Las madres y los padres de los 43 normalistas desaparecidos consideran que las investigaciones en el caso Ayotzinapa toparon con el paredón del ejército mexicano, desde que quedó demostrado que los militares participaron directamente en las agresiones contra los jóvenes en Iguala el 26 y 27 de septiembre del 2014. Exigieron que se reactiven las órdenes de aprehensión contra los 16 militares.
Las madres y padres señalaron que el quiebre de la investigación se dio durante el mes de septiembre del 2022, cuando el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer 83 órdenes de aprehensión, de las cuales 20 eran contra militares, sin embargo, sólo se ejercitaron cuatro, quedando 16 órdenes canceladas sin que las madres y padres fueran notificados. Ante esto, el ahora ex fiscal Omar Gómez envió 38 citatorios al Ejército mexicano, y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) pidió a López Obrador solicitar a dicha institución poner a disposición la información que posee, pero hasta el momento no hay una respuesta positiva.
Las madres y padres han declarado con desesperación la falta de respuestas por parte del presidente de la república porque le tiene más consideración al ejército mexicano. Por eso exigen que la institución castrense ponga a disposición la información que posee y que se reactiven las 16 órdenes de aprehensión contra los militares porque de lo contrario seguirá el punto de quiebre en el caso de Ayotzinapa. Lograr la verdad y la justicia es posible mediante la lucha consciente y organizada y la solidaridad indispensable hasta encontrarlos.
