El titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en el estado de Morelos (FECC), Juan Salazar Núñez, anuncia que piensa concursar por una magistratura en el Poder Judicial de nuestro estado. Dice que tiene méritos y cumple con los requisitos.
Muy probablemente así sea, por lo menos en cuanto a méritos académicos. No estamos en posición de dudar de su capacidad profesional, pero hay otras versiones en cuanto a su responsabilidad pública y al trabajo que ha desempeñado al frente de la Fiscalía Anticorrupción; de esto duda la ex titular de la Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización, la Comisión Estatal de Seguridad (CES) de Morelos y hasta el mismo gobernador.
Sin entrar en detalles coyunturales, los resultados de la Fiscalía Anticorrupción, si los tiene, tampoco no han logrado trascender a la esfera pública o impactar en nuestra vida cotidiana.
Según el INEGI (en su Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2022), en Morelos el índice de confianza de la ciudadanía hacia sus autoridades está por debajo de la media nacional y eso es mucho decir en un país como México. El 77.9 de la población mayor de edad de Morelos considera que las autoridades de seguridad e impartición de justicia son corruptas.
Más aún, según el Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022, elaborado por el World Justice Project (WJP), Morelos es la entidad con el nivel de corrupción más alto en el país.
Hay serios señalamientos de que la reconstrucción a raíz del terremoto del 2017 fue un pretexto para desviar ríos de dinero de los que nadie sabe nada. En la cuenta pública 2018 la Auditoría Superior de la Federación, originó 75 pliegos de observación –que es la acción previa a la denuncia penal y significa un posible daño al erario– por 4 mil 256 millones de pesos y cinco solicitudes de aclaración por 2 mil 614 millones de pesos. La suma de dinero no aclarado equivale al 80 por ciento de las participaciones federales que recibió ese año.
Un solo pliego de observación tiene recursos por 3 mil 474 millones de pesos por la falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto ejercido de 42 dependencias, como el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (mil 98 millones de pesos).
Pero no ha pasado nada.
Así es que es justo preguntarse a qué méritos se refiere el Fiscal Anticorrupción para buscar una magistratura en el Poder Judicial, pero lo más temible es si piensa seguir trabajando de la misma forma en caso de llegar a ella.
