Lizeth Juliana García Atra y Gabriela Mendizábal Bermúdez*
La Organización Mundial de la Salud ha entendido el envejecimiento saludable como un proceso de desarrollo y manutención de la capacidad funcional (física y mental) que favorece el bienestar en la población que supera los 60 años. Para los pueblos indígenas, el envejecimiento está dado no solo por la pérdida de esa capacidad, de la autonomía o la independencia, sino por el rol y la posición social que se tiene al interior de la comunidad. Una vejez digna supone la posibilidad de habitar su territorio en condiciones de buen vivir. Sin embargo, en América Latina -y México- la migración, los problemas estructurales y las condiciones de pobreza lo dificultan; se suman las brechas de implementación de derechos, la contaminación medioambiental (y, con ello, el aumento de la desnutrición, la mortalidad y las enfermedades en esta población).
Esto, sin dejar de mencionar que las actividades laborales de tradición indígena suelen ser autónomas o independientes, lo que significa que la afiliación a sistemas de seguridad social no es tan común. Aquellos indígenas que participan activamente en la fuerza laboral tienden a recibir salarios más bajos o enfrentan situaciones precarias. En el caso de los adultos mayores, el acceso a pensiones contributivas, especialmente para las mujeres, es limitado. Experimentan desigualdades en el acceso, baja cobertura y deficiente operación de los sistemas, sin abordar de manera adecuada su vulnerabilidad y necesidades. La situación es grave para México si se considera: el aceleramiento del envejecimiento poblacional con el paso de los años -mismo que, se proyecta, siga en aumento-, que pocos adultos mayores (no indígenas e indígenas) acceden a una pensión y que es común el trabajo informal. Por lo tanto, resulta imperativo progresar en la protección legal con una perspectiva social dirigida a los miembros de los pueblos originarios de la nación, incluyendo, por supuesto, a nuestro Estado de Morelos.
Con este objetivo en mente, es pertinente preguntarse: ¿Quién asume la responsabilidad? ¿A quién le incumbe? La respuesta es a todos y todas. En este contexto, se proponen dos acciones esenciales para considerar la responsabilidad tanto estatal, como social:
- Es fundamental que tanto los diferentes participantes como el Estado se ocupen de reconocer los componentes esenciales para implementar acciones que mejoren y optimicen la capacidad física y funcional de las personas mayores indígenas, permitiéndoles transformar sus roles por la edad, de manera digna en contextos familiares, comunitarios y económicos.
- Es importante generar diálogo concertado y constante, convocado por el Estado y en el que se logre la participación de la sociedad, la academia y los actores sociales interesados para evaluar el deficiente sistema de seguridad social vigente para la generación de mecanismos jurídicos que consideren y piensen en la solidaridad del sistema, en términos de incremento, financiamiento y sostenibilidad de pensiones, así como de adecuación de prestaciones a la realidad socio jurídica de los pueblos originarios, es decir, desde la dimensión pluricultural, de la vejez, el envejecimiento (y sus vicisitudes) desde la cosmovisión indígena, esto es, atendiendo a sus formas de vivir y ver la vida.
Estos aspectos deberían abordarse en el contexto de iniciativas legislativas, como la actual propuesta de reforma pensional impulsada por el ejecutivo. Dicha propuesta busca asegurar que los contribuyentes al IMSS y al ISSSTE reciban una pensión equivalente al 100% de su último salario mensual, junto con la creación de un Fondo de Pensiones para el Bienestar. No obstante, es esencial cuestionar la sostenibilidad a largo plazo de esta propuesta sin afectar el gasto público, clarificar los detalles de su financiamiento y considerar la realidad de la gran cantidad de trabajadores en la informalidad en México. Todo esto, sin perder de vista la crisis que enfrentan varios países latinoamericanos en sus sistemas de pensiones.
*Doctoranda del Doctorado en Derecho y Globalización y Profesora-investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos