Memoria de un tiempo donde

luchar por tus derechos

es un defecto que mata.

Son tantas luchas sin gloria

Son historias que la historia

cualquier día contará

acerca del valor

de personas desconocidas

convertidas en semillas

esparcidas en la tierra.

Son cruces sin nombres

sin cuerpos sin fechas.

(Luis Gonzaga Junior, 1980)

Las dictaduras militares de Sudamérica de los años sesenta y setenta encarcelaron, torturaron, desaparecieron y asesinaron a las personas que luchaban por derechos formalmente reconocidos como universales con el derecho a la protesta, la organización política y la huelga. Las juntas militares consideraron como enemigos a miles de jóvenes. En la misma época en México, el PRI recurrió a la represión contra toda persona opositora, tachándola también de surda, roja o comunista.

Las dictaduras militares en Argentina, Brasil y Chile cayeron en 1983, 1985 y 1990, respectivamente. No pudieron resistir la aversión popular por haber sido criminales y corruptas y fueron repudiadas con movilizaciones a gran escala. En nuestro país, el PRI dejó el poder por primera vez en 71 años al empezar el nuevo siglo. Empero, las prácticas de la represión contra los pueblos latinoamericanos, que previamente ejercieron las juntas militares y gobiernos de partido único, continuaron y se profundizaron hasta alcanzar a cientos de miles de personas durante los gobiernos electos en urnas.

A inicios de los noventa, llegó a Latinoamérica la ola neocolonizadora para profundizar el saqueo del agua, hidrocarburos, minerales, metales preciosos, bosques maderables y el uso de la tierra para cultivos comercializables en mercados internacionales. Mujeres y hombres ambientalistas han sufrido los mismos métodos represivos que practicaron los militares: desplazamiento de sus hogares, tortura y la desaparición forzada. Son consideradas personas enemigas de gobiernos democráticos y de las corporaciones que extraen esos bienes.

Durante la segunda década del siglo XXI, 1 910 personas defensoras del ambiente en el mundo fueron asesinadas. La mayor parte de estos homicidios (99%) ocurrieron en América Latina. Solo Colombia perdió en ese lapso a 382 activistas por la defensa de ríos y bosques. México tributó a esta cifra, 31 personas ambientalistas asesinadas en 2022 y 54 en 2021. Lo señala el informe más reciente de Global Witness, organización que lleva el recuento de la matanza de seres humanos que luchan y establece que “La situación en el país no ha dejado de ser alarmante para las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente”.

¿Qué país es éste? Se preguntaba Gonzaga en el Brasil de la dictadura. ¿Qué país es éste? En el México del siglo 21 en el que también se muere por ser joven, por ser mujer, por ser madre de hijos o hijas desaparecidas, por ser indígena, por ser estudiante pobre, por pasar por una carretera, por estar en una fiesta. ¿Qué región es ésta? En la que las empresas extractivistas se sirven de las policías, guardias nacionales o del crimen organizado para suprimir a sus opositores. Lo que antes hacían los militares desde el poder ahora lo hacen de forma difuminada y más difícil de señalar los gobiernos democráticos. Los crímenes no se investigan. Rara vez se ha llevado ante la justicia a quienes los cometieron.

¿Qué país es éste? En el que el ejército recibe subsidios, contratos, fideicomisos, administra la infraestructura de comunicaciones y movilidad y no enfrenta a la justicia por la violencia que ejerce contra la población. Le llaman, elegantemente, democracia. En ella el ejército tiene el monopolio de la violencia, igual que en las dictaduras militares.

*Profesora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México