Tatiana Vanessa González Rivera*
¡La creencia del legislador infalible y racional es falsa! Los intereses individuales y sectoriales contaminan también el poder legislativo, el cual se ha convertido en aquel espacio de actuación improvisada con personajes argüenderos que llevan al máximo nivel las pasiones políticas, descartando cualquier discusión reflexiva orientada a propuestas normativas eficaces.
Podríamos discutir de forma amplia, y desde una perspectiva estrictamente académica evitando críticas gratuitamente pedantes, las torpezas legislativas conscientes e inconscientes que se han cometido en diversos temas de interés para la sociedad mexicana; no obstante, me interesa rescatar la línea de los anteriores aportes escritos y centrarme en la Economía Social y Solidaria (ESS) que he intentado explicar y desentrañar para nuestros lectores. En ese sentido, discutíamos la tardía aparición – 23 de mayo de 2012 – de la Ley de Economía Social y Solidaria (LESS) y, en un lenguaje jurídico, la catalogaba como una lamentable omisión legislativa; por ende, ahora corresponde cuestionar ¿Ha sido útil esa ley? Y es que muchos ovacionan cuando una nueva ley entra en vigor y pasa a formar parte del andamiaje legal; los discursos, algunos con tintes demagógicos, no se hacen esperar y los aplausos dan la bienvenida a un instrumento que pocos efectos tiene en la práctica.
La tan esperada LESS presenta imprecisiones o, como le llamamos los juristas, irracionalidades de todo tipo. Solo por mencionar algunas de relevancia, no define lo que debemos entender por economía social y solidaria, en todo caso define al sector social de la economía; concepto que, a decir de quienes nos dedicamos al estudio de este tema, es insuficiente. Confunde los principios, valores, fines y prácticas del sector; y ciertamente, a partir de las reformas impulsadas sobre todo en 2013 y 2015, se limita el esquema institucional de soporte y apoyo para la ESS mexicana, en dicho esquema el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) es la cúspide de una estructura tambaleante con desafíos y retos aun por atender y en cuya base, de forma casi invisible, se hallan los protagonistas del sector social de la economía quienes solo por invitación a cargo del director del INAES podrán, en el mejor de los casos, participar en un Consejo Consultivo de Fomento de la economía social no vinculante, de modo que los actores carecen de fuerza y capacidad de interlocución.
Por cierto, no olvidemos lo que ya advertía en nuestro escrito de la semana anterior; ese INAES pasó, con la reforma de 2015, a depender de la Secretaría de Desarrollo Social (hoy Secretaría de Bienestar) eliminando cualquier referencia en la ley sobre la Secretaría de Economía; y la justificación, que en ese entonces se señaló en la iniciativa del ejecutivo federal, evidencia que la ESS se sigue admitiendo como una economía estrictamente dirigida a los excluidos por el sistema capitalista a través de mecanismos de control de tipo paternalista, asistencialista y de clientelismo político.
Siguiendo esa línea, podría mencionar otras irracionalidades que contiene esta ley pero no pretendo fatigar la mente de nuestros lectores con referencias a tecnicismos un tanto más complejos de índole jurídica; pero créanme que esta ley clama por un intenso y urgente trabajo de consulta, participación e investigación y la élite política lo sabe muy bien; sin embargo este tema, paradójicamente, no forma parte de sus prioridades, las cuales se alejan de modo peligroso y desafiante de los problemas reales de la sociedad mexicana.
*investigadora Asociada C de Tiempo Completo del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México (CRIM-UNAM).