Carlos Quintero J.
Desde mediados del año pasado, la autoridad penitenciaria prohibió a los abogados de las partes en conflicto, ingresar con teléfonos móviles o equipo tecnológico a la Sala de Ejecución que fue habilitada en el edificio del Centro de Reinserción Social (CERESO) Morelos.
Por tal razón, el abogado Alejandro Legorreta Soto promovió una controversia por lo que consideró una imposición de la autoridad penitenciaria que vulneraba el derecho a una adecuada defensa mediante el uso de herramientas tecnológicas.
En su momento, el Juez Especializado de Control, Ramón Villanueva Uribe, calificó la disposición como ilegal y dio un plazo de 30 días, a la autoridad penitenciaria para cambiar la disposición, pero ésta apeló el fallo y fue así como los magistrados de la Segunda Sala conocieron el conflicto.
El abogado Alejandro Legorreta comenta que “la apelación fue radicada por la Segunda Sala del Primer Circuito Judicial en el Estado, y fue resuelta en el mes de febrero de este año, dicha resolución desde luego que nos da la razón en el sentido de que tenemos ese derecho”.
Sin embargo, la resolución es incongruente porque al final, la Magistrada, Guillermina Serafín deja que la autoridad penitenciaria resuelva a su libre albedrío hasta que lo considere necesario.
“Desde luego eso no va a ocurrir, no ha ocurrido en todo este tiempo. Motivo por el fuimos ante la instancia correspondiente para presentar la diversa demanda de amparo y señalar las violaciones que existen por la justicia incompleta”.
El proceso aún sigue porque será en los próximos meses cuando una autoridad federal resuelva sobre el tema que mientras tanto afecta a las y los abogados que no pueden ingresar con sus teléfonos celulares a la Sala de Ejecución del CERESO.