De “alta seguridad” a “gran engaño”
- A pesar del gasto de mil 700 millones de pesos, el penal ubicado en Cuernavaca, carece de las condiciones adecuadas para albergar a los 804 internos para los que fue ideado.
- Se anunció “de alta seguridad”, pero presenta fallas en infraestructura y falta de agua, por lo que es otro de los expedientes de corrupción de la desaparecida Comisión Estatal de Seguridad.
- El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Urrutia Lozano, aseguró que el Cereso es un gran engaño: “esas instalaciones fueron irregulares y tienen muchas fallas observadas ante Contraloría del Estado”.
Inaugurado a toda prisa tres días antes de concluir la administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo, como Centro de Reinserción Social Varonil (Cereso) 10, el penal ubicado en Cuernavaca, presentado como de alta seguridad, no sirve.
A pesar de mil 700 millones de pesos, el penal, ubicado en Paseo Cuauhnáhuac junto a la delegación de la Fiscalía General de la República, el centro carece de las condiciones adecuadas para ser un centro de alta o mediana seguridad, tampoco tiene capacidad para albergar en esas condiciones a los 804 internos para los que fue ideado, presenta fallas en infraestructura, falta de agua, que lo han convertido en otro de los expedientes de corrupción en la desaparecida Comisión Estatal de Seguridad, de la administración del exgobernador Blanco.
La operación del Cereso 10 fue anunciada por la administración de Cuauhtémoc Blanco desde principios del 2024 como una forma de despresurizar el sobrepoblado sistema de readaptación social en Morelos. Se gestionaron recursos por hasta mil 500 millones de pesos del gobierno federal, cuya entrega requirió, además de los mil 500 millones reportados de inicio, un monto adicional de 200 millones para mejorar las condiciones para los internos, según informó el día de la inauguración José Ortiz Guarneros, comisionado estatal de Seguridad Pública cuya gestión es ahora investigada.
En aquel acto inaugural participaron Samuel Sotelo Salgado, secretario de Gobierno en funciones de titular del Poder Ejecutivo (por la solicitud de licencia definitiva de Cuauhtémoc Blanco), Oriz Guarneros, la diputada federal, Sandra Anaya Villegas, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Luis Jorge Gamboa Olea, y el entonces coordinador del sistema penitenciario, Jorge Israel Ponce de León.
Sotelo Salgado aseguró entonces que el nuevo penal lograba reducir los índices de sobrepoblación en las cárceles de Morelos y aseguró que el lugar tenía espacios dignos y estaba clasificado como de seguridad media-alta.
La apresurada inauguración del Cereso 10. Foto: Archivo/Cortesía
Apenas tres días después de la inauguración, la gobernadora, Margarita González Saravia asumió el cargo e inició una profunda revisión de todas las áreas de la administración pública. Entre los primeros fenómenos de corrupción evidentes, estuvieron los que imperaban en el sistema penitenciario, donde se cobraban cuotas ilegales por todo, cobros que, en conjunto generaban ilegales ganancias millonarias cada mes, según ha denunciado el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Urrutia Lozano.
El secretario se refiere al caso del Cereso 10 y asegura “vivimos un gran engaño. Porque se manejaba que era de alta seguridad, se manejó con bombo y platillo… (pero) esas instalaciones fueron irregulares y tienen muchas fallas observadas ante Contraloría del Estado”.
Entre otros problemas detectados está la falta de agua suficiente, instalaciones sanitarias inadecuadas, ausencia de áreas de visita conyugal y familiar, falta de estacionamiento, y su ubicación en una avenida de alto tránsito vehicular que dificulta la movilidad peatonal.
Las condiciones del penal, entregado hace menos de ocho meses, obligan a hacer nuevas inversiones para corregir sus fallas, pero también a reclasificarlo como de baja seguridad y destinarlo a personas que estén por cumplir sus condenas. Pues, asegura el secretario, no tiene condiciones para recibir a internos de alta peligrosidad.
De los 804 internos que se presumía podría recibir, el penal se acondicionará para brindar condiciones para la readaptación social de hasta 300 personas que no hayan cometido delitos graves y estén a punto de concluir sus sentencias.
Otra posibilidad que se revisa es trasladar a ese penal a las mujeres internas en Atlacholoaya, 297, para evitar los casos que se presentaban en administraciones anteriores, en que se les trasladaba irregularmente de un penal a otro. Urrutia Lozano aseguró que la gobernadora, Margarita González Saravia ya revisa el proyecto y “ella va a apoyar decididamente con esos recursos”. Actualmente las instalaciones están en pausa por las investigaciones de la Contraloría que realiza diversas auditorías, lo que ofrece una ventana temporal amplia para “el margen de operación y creo que va a ser una gran acción de parte de nuestra gobernadora”, afirmó el secretario.
