Miguel Ángel Rosete Flores, aspirante a ocupar una de las diez magistraturas del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), pidió a los diputados del Congreso del estado a “verificar” si María Luisa Sánchez Osorio, esposa del Fiscal General Uriel Carmona Gándara, tiene algún procedimiento pendiente de cuando ejerció su cargo como Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Morelos.
El jurista también calificó de sospechoso que, como aspirantes a magistrados también aparezca la cuñada y un colaborador cercano al Fiscal General del estado.
“Es algo sospechoso que la esposa del Fiscal esté inscrita, habiendo pasado algunos años desde su incorporación al Tribunal Superior de Justicia. Debemos estudiar y valorar su trayectoria para evaluar su desempeño en el TSJ, comprobar si tuvo quejas o anomalías en los juzgados y determinar si es uno de los mejores perfiles para su elección y nombramiento. Ya es suficiente con que la política esté sujeta al Poder Judicial. Queremos que se mantengan alejados de los nombramientos, parece que nunca tienen suficiente de los recursos económicos que provienen del presupuesto y del Poder Judicial”, explicó.
Antecedentes de la esposa del Fiscal de Morelos
En febrero de 2018, después del nombramiento de Uriel Carmona Gándara como Fiscal General de Justicia (FGJ) de Morelos, él designó a su esposa, María Luisa Sánchez Osorio, juez con licencia, como Notaría Sustituta Número 6 de la Primera Demarcación.
Hasta el 12 de enero de 2018, Sánchez Osorio era Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Morelos, cargo que ocupó desde el 7 de septiembre de 1998. Solicitó un permiso de tres meses que terminó el 13 de abril de 2018, aunque no renunció a su cargo de jueza y todavía es servidora pública adscrita al Poder Judicial.
Durante su tiempo como jueza, Sánchez Osorio enfrentó seis procedimientos de responsabilidad en el TSJ. Uno de ellos resultó en su contra, uno sigue pendiente y cuatro están en proceso, según información oficial del Poder Judicial de la época.
Las denuncias que cuestionaron la conducta de la exjueza incluyeron una investigación realizada por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) -hoy Fiscalía General de la República (FGR)- por presuntos delitos de abuso de autoridad y violación a la Ley de Amparo.
Otra denuncia se presentó ante la FGJ bajo el número de expediente SJ01/9813/2014 por presuntos delitos contra la administración de justicia. Actualmente, su esposo, Uriel Carmona, lidera la FGJ, lo que plantea un conflicto de intereses.