Al votar en favor de las reformas para proteger a las mujeres, niñas y adolescentes, la Senadora de Morena, Lucía Meza advirtió que, a partir de las modificaciones a distintas leyes, se obliga a las Fiscalía Estatales a ser eficientes en la investigación de los feminicidios y a garantizar la reparación integral del daño a las familias de las víctimas de “este grave flagelo”.
“Los gobiernos estatales y municipales son responsables de evitar y prevenir esta grave violencia que se registra en todo el país en contra de las mujeres”, expresó la senadora por Morena.
El proyecto presentado en el pleno, reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Ley General de Víctimas y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
La senadora consideró que estas reformas no sólo son indispensables sino urgentes, principalmente porque contemplan la reparación integral del daño para familiares de víctimas de feminicidios, se abona a la lucha en contra la violencia feminicida y se sensibiliza para la implementación de políticas públicas con perspectiva de género.
En la Ley Nacional del Sistema de Seguridad Publica, se plasmará la implementación de sistemas de alerta y protocolos para buscar y localizar a las mujeres desaparecidas y al Código Nacional de Procedimientos Penales: incluir una definición de perspectiva de género; que los ministerios públicos, la policía y los y las juezas realicen sus funciones con perspectiva de género, así como puntualizar la prisión preventiva oficiosa para el delito de feminicidio.
Además, que la pena se agravará hasta en un tercio cuando la víctima sea mujer menor de edad, embarazada, adulta mayor o con discapacidad, así como cuando el sujeto activo sea servidor público y haya cometido la conducta valiéndose de esta condición.
Respecto a Ley General de Víctimas, se deberán reconocer derechos de las víctimas; otorgar tiempo de espera y estabilización a las víctimas para rendir su declaración; la inclusión de las disculpas públicas, así como el pago y el resarcimiento en la reparación integral del daño a las familias de las víctimas del feminicidio.
Redacción