La Fiscalía de Morelos rechazó totalmente la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso de tortura del defensor del territorio Jaime Domínguez durante una manifestación en la presidencia municipal del Jantetelco en 2013, denunciaron activistas.
El organismo defensor de los derechos humanos a nivel nacional solicitó a la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE), dotar de todo lo necesario: recursos financieros, herramienta y personal, a la Unidad Especializada en Delitos de Tortura y crear una línea telefónica o medios eficiente de denuncia de delito de tortura. Al respecto, mediante el Oficio FGE/SE/DGCSYTI/DDH/03/1776/2023-09, la FGE respondió: “…se emite el RECHAZO TOTAL a la Recomendación formulada al Fiscal General del Estado, así corno al Fiscal Regional Zona Oriente, respectivamente”.
Entre los argumentos que señala la FGE figura: que “esta institución de procuración de justicia emitió un rechazo total a la misma, al determinar que no se encontraba debidamente fundada ni motivada, aunado a que de las constancias que obraban dentro expediente al rubro citado, así como del contenido de la resolución emitida por ese organismo garante de derechos humanos, no se advirtió algún señalamiento directo en contra de servidores públicos adscritos a esta Fiscalía General”.
En entrevista para La Jornada Morelos, Juan Carlos Flores, abogado de Jaime e integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, denunció que “la Fiscalía rechazó los cuatro puntos recomendatorios, alegando que ya existe un proceso en marcha y destacando la necesidad de esperar la aprobación de reformas legislativas”.
Según Flores, la Fiscalía se niega a investigar el delito de tortura de Jaime, argumentando que su personal no participó los actos. A pesar de esto, se destaca que la función principal de la Fiscalía es investigar hechos de tortura, tarea que aún no ha llevado a cabo.
Ante este rechazo, Flores anunció el Frente de Pueblos impugnará la decisión, llevando el caso a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Con ese instrumento, los quejosos buscarán una revisión más detallada de la respuesta de la Fiscalía y la intervención de instancias superiores para asegurar una investigación exhaustiva del caso.