Un grupo de trabajadores de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) adscrita al Poder Legislativo, denunciaron al encargado de despacho, José Blas Cuevas por negarles el acceso a sus áreas de trabajo, luego de que fueran obligados a firmar su renuncia, el pasado 20 de diciembre.
Por ello, un grupo de seis personas se presentaron a laborar debido a que este martes concluyó su periodo vacacional, por ello, se les impidió el paso a sus labores, bajo las órdenes de uno de los servidores públicos del organismo descentralizado del Congreso local.
En entrevista, Elsa Jacqueline Morán Reyes jefa de departamento del ESAF Morelos, acusó que ante las medidas impuestas por el encargado de despacho y por falta de pago de la última quincena de diciembre y la prima vacacional acudieron a presentar una demanda ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA).
Indicó que tras la llegada de Blas Cuevas, los trabajadores fueron víctimas de acoso laboral de manera constante, al sacarlos de su centro de trabajo.
“Hubo mucho acoso, llegó el momento que nos quitaron nuestro equipo a la fuerza, nos tenían como delincuentes, hay un compañero que se llama Zenón nos abría la mochila, nos sacaba las cosas, nos quitaron el equipo y ese día nos dijeron, tienes que firmar este documento por órdenes del auditor Blas, mañana tenemos audiencia en ell TECA”, explicó.
Posteriormente, el encargado de despacho de la Secretaría Técnica de ña ESAF, Jonathan Samuel Moreno Garcia, rechazó recibir la notificación del TECA y dar una explicación sobre porqué les impiden el paso a su espacio laboral.
Sin embargo, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) realizaron una diligencia en las instalaciones de la Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización (ESAF), mientras en las puertas del inmueble trabajadores protestaron, porque se les impedía el paso.
Y es que la revisión jurídica forma parte de la investigación y proceso judicial que hay contra la auditora general América López Rodriguez, imputada por el presunto delito de incurrir en el ejercicio indebido del servicio público al utilizar 80 millones de pesos para compras personales en una tienda departamental de lujo.