La jueza especializada en control, Alejandra Trejo Reséndiz, pospuso la audiencia en la que se definirá si se rechaza o admite el acuerdo de no ejercicio de la acción penal dictado por la Fiscalía Anticorrupción a favor del exgobernador de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, quien no se presentó en el Tribunal. Esto ocurrió después de que el gobierno actual iniciara un proceso en su contra por uso indebido de sus funciones públicas.
Como se recordará, desde el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, se autorizó al exmandatario un crédito por 600 mil de pesos para la adquisición de una camioneta de lujo para su uso personal.
Sin embargo, como parte de las investigaciones y análisis realizados por la Fiscalía Anticorrupción, se descubrió que dicho crédito ya había sido pagado, por lo que consideraron que no existía un delito que perseguir y emitieron un acuerdo de no ejercicio de la acción penal.
Ante esto, el Instituto de Crédito presentó una queja y este martes se llevó a cabo la audiencia de queja en Ciudad Judicial en Atlacholoaya. El objetivo era que el juez analizara a fondo si el acuerdo emitido por la Fiscalía Especial en Combate a la Corrupción en el Estado de Morelos era procedente y legal.
Sin embargo, la audiencia fue diferida debido a que la Fiscalía no notificó de manera adecuada sobre el acuerdo ni al abogado ni al exmandatario.
Por esta razón, Juan Gabriel Vargas, abogado de Graco Ramírez, al inicio de la audiencia, hizo valer el derecho a una defensa adecuada.
“Hoy, el Instituto de Crédito había solicitado una audiencia de queja por un acuerdo en ejercicio de la acción penal decretado por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Sin embargo, no me notificaron ni a mí ni a mi representado sobre el contenido de este acuerdo”, explicó en entrevista con diversos medios de comunicación.
Agregó: “precisamente debido al derecho a una defensa adecuada, esta defensa le solicitó al juez que emplazara al Ministerio Público para que nos notificara de ese acuerdo. Porque en virtud del ejercicio de contradicción, tenía la obligación de responder a los argumentos del Instituto de Crédito, que actúa como víctima. Al no conocer el contenido del acuerdo, se restringía evidentemente el derecho a una defensa adecuada. Esto se planteó así”.
Durante la audiencia, hubo un momento de tensión debido a que el agente del Ministerio Público afirmó que no tenía la obligación de notificar al exmandatario. La posición del Instituto de Crédito fue contraria.
“Sin embargo, la jueza, atendiendo al principio de contradicción, estableció que efectivamente teníamos derecho a conocer ese acuerdo. Así que reprogramó la audiencia e instó al Ministerio Público a notificarme del acuerdo del ejercicio de la acción penal”, detalló el abogado.
Juan Gabriel Vargas, abogado de Graco, destacó que la falta de notificación del acuerdo es una práctica inusual que llama la atención.
“Hace más de un año, se nos notificó de un acuerdo similar. Incluso llegó hasta los juzgados federales. En ese momento, sí fuimos notificados. La verdad es que, como dije en la audiencia, desconozco la razón. No entiendo por qué en esta ocasión la Fiscalía fue omisa”.
Añadió: “No sé a qué intereses corresponde esta situación”.