El abogado y defensor de Derechos Humanos, Antonio Sorela Castillo, expuso que a pesar de que se reconoce el esfuerzo de las instituciones, especialmente en temas de seguridad pública, es necesaria la capacitación para evitar la violación a las garantías ciudadanas pues ante el crecimiento de la violencia y delitos de alto impacto que imperan en la entidad, prevalece la omisión por parte de los servidores públicos para no capacitarse ni especializarse, lo que limita la posibilidad de dar mejores resultados en beneficio de la ciudadanía.
Por ejemplo, en el caso de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), consideró que es urgente que sus funcionarios se actualicen, volteen a ver a la academia y revisen los programas que tienen que estar en concordancia con el Sistema del Secretariado Ejecutivo Nacional, por lo que instó al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo para que quienes les imparten cursos y talleres, realmente sean especialistas.
“No sólo basta con adoptar programas, es necesario contar con especialistas. He sido certificador y docente de la Academia de Seguridad Pública de Morelos; sin embargo, he visto que han contratado personal que no está debidamente capacitado para ello, por lo que decidí no continuar, desde hace algunos años, impartiendo cátedra en la Escuela de Seguridad Pública”, dijo.
Mencionó que, desgraciadamente, después de ser la Academia número uno en el país, actualmente ha decaído: “Es importante que el gobernador y por supuesto el comisionado, José Ortiz Guarneros, hagan una reflexión sobre a quién tienen enfrente de la Academia y que revisen a profundidad los currículums de los catedráticos. No es posible que a meses de concluir el sexenio no hay resultados en materia de seguridad”, enfatizó.
Asimismo, pese a que en días pasados la Fiscalía General del Estado (FGE) tomó protesta a más 100 nuevos policías de investigación en Morelos, la situación es similar, pues existe un déficit de especialistas que también atrasa la justicia para las víctimas.
Explicó que la dependencia recibe denuncias, puestas a disposición de detenidos, llamadas de auxilio en temas de víctimas; sin embargo, la mayoría de quienes atienden tampoco están debidamente capacitados.
“Recientemente, 100 policías de investigación se integraron a la FGE, lo que es de reconocerse. Ahora lo que falta es abrir convocatorias para contratar a fiscales y peritos. Faltan muchos peritos especializados en matemática actuarial, antropología, victimología, medicina legal y en otros temas relacionados a atención a víctimas”, mencionó.
Ante este déficit, señaló, los pocos profesionales que están en dichos cargos no se dan abasto, lo que ocasiona que la justicia sea más lenta y asuntos que podrían resolverse en horas se agotan en días.