El fenómeno de anticipación de las campañas electorales no es nuevo en el país. Desde 1999, cuando el entonces ex gobernador de Guanajuato, Vicente Fox Quesada emprendió una gira para posicionarse como candidato a la presidencia, que ganaría en el 2000, el anticipo en la actividad proselitista es común en México y por ello durante los últimos 20 años se han trazado leyes, reglamentos y lineamientos que buscan impedir los desequilibrios que genera, en cualquier carrera, un arranque prematuro.
El problema no está solamente en la ilegalidad y el desequilibrio, también tendría que considerarse el desgaste que los aspirantes suelen sufrir en largas campañas, el aumento en el riesgo de errores más visibles para los electores. Cuando el dos de junio del 2024 cientos de miles de morelenses salgan a votar, habrá candidatos que tengan en campaña más de 18 meses, con todos los costos que ello implica.
Los riesgos legales, financieros, políticos y de imagen que significa un tiempo tan largo de exposición propagandística son conocidos por quienes diseñan y operan cada campaña y seguramente los consideran menores en relación costo beneficio a no aparecer, lo que lleva necesariamente a la pregunta sobre los factores que permiten o probablemente hasta obliguen a iniciar la promoción tan anticipada de las figuras públicas.
La primera explicación puede estar en el antecedente inmediato. Cuando Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia de la República en el 2018 tenía por lo menos quince años expuesto a los medios de comunicación, dos campañas presidenciales previas y un trayecto de asambleas informativas mayor de dos años. Pero el éxito no estuvo solo en la larga exposición, como demuestra el que muchos otros aspirantes a cargos públicos han estado expuestos por un tiempo similar sin alcanzar el triunfo.
La otra razón podría estar en la máxima política de que los vacíos se llenan con lo que hay disponible, y en el caso de Morelos, la ausencia de la política como una práctica de propuestas y diálogo con la ciudadanía, tiene más de seis años. En este sentido, los huecos que han dejado las administraciones de Graco Ramírez Garrido y Cuauhtémoc Blanco Bravo en la tarea política, son cubiertos, por lo menos simbólicamente con aspirantes a cargos públicos que se convierten en una especie de enlace entre la ciudadanía y el discurso político con lo que se logra la inclusión de temas, de propuestas, de denuncias.
Ninguna de las dos circunstancias hace que adelantar las campañas se vuelva mágicamente legal, pero las piruetas que los partidos y aspirantes han hecho para mantenerse la orilla de la norma pueden explicarse en una sencilla sentencia, en Morelos nadie más hizo política en el 2023, y tampoco en los años previos.