Como comentamos en este espacio hace unos días, recientemente estuvo en nuestro estado la “Plataforma por la Paz y los Derechos Humanos México-Unión Europea” que visitó la zona centro y sureste del país y que confirmó, en resumen, que en México se criminaliza a las personas defensoras de los derechos humanos; que la militarización y los megaproyectos ya presentan efectos negativos en algunas zonas.
Su visita fue muy discreta, y de igual manera se presentaron sus conclusiones, pero fue una misión independiente e importante en la que participaron el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, y el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, los que junto con representantes políticas, integrantes de instituciones públicas, academia, periodistas y activistas de la sociedad civil europea, se entrevistaron con periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
Sus conclusiones se tradujeron en un “urgente llamado a las instancias gubernamentales” para que adopten acciones coordinadas a nivel estatal y federal para garantizar el Derecho a Defender los Derechos Humanos, fortaleciendo una labor conforme a derecho de instituciones clave como fiscalías, Mecanismos de Protección y Comisiones de Derechos Humanos; garantizar el debido proceso y el derecho a defender Derechos Humanos de las personas defensoras que han sido privadas de su libertad, evitando cualquier forma de trato cruel e inhumano, propiciando su justa liberación y reparación.
Asimismo, implementar estándares internacionales en materia de derechos humanos, fortaleciendo el Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y “cesar el hostigamiento judicial contra la defensora indígena Kenia Inés Hernández Montalván, y solicitar su liberación inmediata y su traslado a otro centro penitenciario en la Ciudad de México o el Estado de México. Se pide garantizar su seguridad mientras se realiza el traslado del CEFERESO 16” en el estado de Morelos, el mismo centro de detención que actualmente presenta una epidemia de suicidios y que es el peor calificado a nivel nacional por la CNDH.
Kenia Inés Hernández Montalván, indígena amuzga y coordinadora del Colectivo Libertario Zapata Vive, suma ya nueve causas penales en su contra, la más reciente de marzo de 2022 por “ataques a las vías de comunicación” en el estado de Guerrero. Ese mismo año fue encontrada culpable y sentenciada a diez años de prisión por robo con violencia. Desde luego sus defensores, compañeros y la comunidad internacional consideran que son cargos ficticios, armados para quitar de en medio a una persona que resultaba particularmente incomoda por defender los derechos de las comunidades indígenas y ambientales.
Las sospechas que privan sobre los cargos en contra de Hernández Montalván deberían llevar a un análisis serio y profesional por parte de las autoridades y despejar cualquier duda sobre la impartición de justicia que se le ha dedicado a esta indígena ambientalista; de otra forma, quedarán como un ejemplo más de que en nuestro país y en nuestro estado la justicia tiene precio e intereses, que es precisamente la imagen que se proyecta por casos como éstos, que llenan de sombras y dudas sobre a quiénes se encarcela y por qué los supuestos criminales reales gozan de libertad, impulsando el 97 por ciento de impunidad de los hechos criminales que estigmatizan a nuestro estado.