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Los agricultores y campesinos del municipio de Tlalnepantla anunciaron que organizarán Guardias Comunitarias para proteger sus cultivos de aguacate por dos razones: la insoportable presencia de criminales y la notoria ausencia de la policía o fuerzas del orden.

Quizá se requiera algún trasfondo político para que el ejército, la marina, la guardia nacional y la policía estatal se animen a actuar, pero el caso de Tlalnepantla lo comparten muchos municipios morelenses que han visto crecer la inseguridad y la violencia sin que se perciba la presencia de quienes deberían dotar de seguridad a las familias y a quienes, con su esfuerzo cotidiano, han evitado que la economía estatal se estanque.

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Tradicionalmente, las Guardias Comunitarias son cuerpos de vigilancia vecinal que ya funcionan en algunos municipios como en Huitzilac, aunque poco pueden hacer contra los criminales que talan árboles, como tampoco podrán hacer mucho contra los ladrones de aguacate, pues dependen del respaldo de las fuerzas del orden que, por lo que hemos visto en los últimos días, son capaces de movilizar cientos de elementos siempre y cuando sea dentro de la ciudad.

La necesidad de conformar Guardias Comunitarias refleja tanto la urgencia que tienen los aguacateros tlalnepantlenses de proteger su patrimonio y su trabajo, como la desatención de las instituciones que deberían evitar que se concretaran los delitos.

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Es inevitable recordar que así empezaron las autodefensas en Michoacán, cuando los productores, precisamente de aguacate y maíz, y los ganaderos decidieron, primero, organizarse para hacerle frente a los llamados Caballeros Templarios y, después, armarse para plantarles cara en igualdad de circunstancias. Los productores de Michoacán, Guerrero y Jalisco -los estados en donde cundió el ejemplo de Tepalcatepec- estaban acorralados por la violencia extrema y con las organizaciones criminales controlando gran parte de la actividad económica. Lo que buscaban era expulsar a los delincuentes y restaurar la seguridad en sus comunidades. ¿Suena familiar el argumento?

En el Michoacán de 2013 y en el Morelos de diez años después la necesidad es la misma y el contexto también: ante una criminalidad avasallante y la ausencia de seguridad oficial, los habitantes y productores no tienen más remedio que cuidarse ellos mismos.

Sin ir más lejos, es el Estado el que comienza a fallar, pues nunca está de más recordar que el origen histórico y político de los gobiernos y sus onerosas instituciones es proteger a las comunidades y a los individuos, no solo cobrar impuestos y pensar en los “Años de Hidalgo”.

Aunque a la larga, las autodefensas se hicieron respetar por los grupos criminales, tuvieron que pagar un alto precio en vidas humanas para hacerlo y sus secuelas se viven aún hoy. Su efectividad, usurpando una atribución de los gobiernos, está a debate todavía.

Sin embargo, el ejemplo debería servir para que el gobierno no dejara crecer un fenómeno que, como sucedió en Michoacán, pronto se le puede salir de control, y la mejor forma, desde luego, es combatiendo realmente las causas que originan la desesperación de la gente.

La Jornada Morelos