Tuvieron que pasar 76 años para que en Morelos recordáramos lo que la cultura significa para nuestro estado. Ayer, por fin, después de dos años de estarlo pensando mucho, se aprobó en el Congreso la Ley de Cultura y Derechos Culturales para el estado de Morelos, cuya iniciativa fue presentada por la diputada Edi Margarita Soriano Barrera.
Con esta ley, Morelos sale de la lista negra de entidades que carecen de una ley cultural reduciéndola a cinco estados (aún están ahí Baja California Sur, Campeche, Chiapas, el Estado de México y Tlaxcala) pero, lo más importante, es que por fin la ley reconoce que la cultura es un “eje fundamental para el desarrollo del estado”, con todo lo que ello implica, como debería ser promoción, rescate e inversión.
En el dictamen de la ley se reconoce que ha sido gracias a las iniciativas ciudadanas que se ha logrado “contener la devastación del patrimonio cultural de los morelenses” y esas iniciativas no han sido todas recientes, pues se recuerda incluso -reivindicándolo- al Frente Cívico Pro-Defensa del Casino de la Selva. Pero, además de la sensibilidad de una legisladora, esta iniciativa se debe en gran parte al Movimiento Cultura 33 + 3, agrupación civil que desde 2012 se ha tomado en serio la batalla por defender nuestro patrimonio, promover el arte y las manifestaciones de la cultura en todos sus aspectos.
Resulta increíble que un estado como el nuestro, con dos declaratorias de patrimonio mundial por la UNESCO, diez zonas de reserva y áreas naturales protegidas, más de mil sitios arqueológicos, más de diez mil bienes muebles, más de cuatro mil monumentos históricos y un “acervo documental incalculable”, como se reconoce en el dictamen, nos hayamos tardado tanto en darles su lugar bajo el amparo de una ley acorde a los nuevos tiempos. Cabe recordar que el robo del Monstruo de la Tierra de Chalcatzingo, que recientemente regresó a Morelos, se pudo concretar -y tardó en aclararse- porque no tenemos un catálogo completo de nuestro propio acervo cultural, de lo que se han aprovechado también los saqueadores de tesoros virreinales.
Pero esta nueva ley también reconoce la importancia de la generación cultural contemporánea y popular que se realiza en pueblos y comunidades o bajo el impulso de agrupaciones civiles y hasta patrocinio particular, y que generalmente se ven marginadas de las acciones y planes de gobierno.
Esta ley además abre las puertas a la participación de la comunidad y de los verdaderos especialistas, crea Consejos Municipales de Cultura, un Consejo Consultivo Ciudadano de Cultura estatal y redefine las atribuciones de las áreas del gobierno estatal encargadas de la materia, entre muchas otras cosas. No es poca cosa, pero si consideramos que la última ley relacionada de alguna manera con la cultura se expidió en 1947 (La Ley de Turismo) y que la Ley para la Difusión de la Cultura Popular, Protección al Turismo y Conservación de Monumentos, Edificios y Lugares Históricos del Estado de Morelos data de 1937, se entiende la amplitud de miras.
No hace mucho recordábamos en este espacio la importancia de la cultura para la generación de riqueza -contante y sonante, no inmaterial- que se puede comprobar directamente en el Producto Interno Bruto de nuestro país. Esta ley llega en un buen momento para respaldar a esos 15 mil artistas, artesanos y creadores que se calcula hay en Morelos para capitalizar lo que propios y extraños sabemos de nuestro estado: que aquí se vive y se respira arte y cultura, a pesar de todo. Aprovechemos la coyuntura y logremos que, por una vez, la ley no se convierta en letra muerta y un compendio aspiracional de buenos deseos.