Desde que iniciaron los estudios científicos sobre la opinión pública, a mediados del siglo pasado, se considera que pocas veces puede unificarse. La mayor parte del tiempo, la ciudadanía piensa cosas muy diferentes sobre los diversos temas, pero hay ocasiones en que todos comparten ese sentimiento común, una de ellas es cuando está en riesgo la seguridad de la comunidad.
Con más de cinco mil homicidios dolosos registrados en los últimos cinco años, mil 200 sólo en el 2023, y por lo menos 14 en los primeros cuatro días del 2024, la administración de Cuauhtémoc Blanco logró esa rareza de la conciencia colectiva. La opinión pública se ha unificado en el reproche sobre la fallida estrategia de seguridad que, pese a los prácticamente nulos resultados, se mantendrá porque “está alineada” con la nacional.
El asesinato del regidor cuautlense, Alfredo Giovanni Lezama Barrera, además precandidato del Partido Acción Nacional a la diputación local por el distrito 7, ha sido el catalizador para que las voces de liderazgos políticos se sumen al clamor de miles de familias víctimas de la delincuencia en cualquiera de sus formas. La exigencia sumó hasta a la precandidata de Morena, Margarita González Saravia, quien reconoció urgencia de “trabajar en la construcción de la paz”. Jessica Ortega de la Cruz habló en el mismo sentido. Lucy Meza Guzmán exigió además la destitución del comisionado de seguridad y garantías de seguridad para los morelenses. Las dirigencias de los partidos de oposición y hasta el alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui, repitieron ante los micrófonos lo que los morelenses dicen todos los días: la estrategia de seguridad no sirve.
En el año que terminó, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública se cometieron en promedio 128 delitos del fuero común a diario. Hasta noviembre más de tres personas cada día habían sido víctimas de homicidio doloso, el promedio se ha mantenido en los primeros días del 2024. Esas son las cifras que suman cada dolor y cada tragedia que los morelenses vivieron en el 2023, las que evidencian que en Morelos se están dejando de hacer cosas en la que constituye la función más elemental del Estado: garantizar seguridad de sus habitantes.
Sería injusto decir que los políticos morelenses no han referido al tema de la creciente inseguridad. Cada uno en su momento se había pronunciado en torno a la urgencia de construir la paz, de modificar la estrategia de seguridad, de mejorar la coordinación entre las fuerzas policíacas, reforzar la prevención de los delitos, acabar con la impunidad. Pero nunca lo habían hecho al unísono, como ahora. Esas declaraciones motivaron que desde el gobierno del estado se acuse a los actores políticos de aprovecharse de la violencia para favorecerse y usar la inseguridad como bandera política.
La administración de Cuauhtémoc Blanco no ha entendido, la inseguridad no es bandera política, es tragedia ciudadana y hay que hablarla y corregirla.