Los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos de México constituyen una gran parte de la población a la que el país prefirió no ver ni escuchar durante siglos. Si bien es cierto que en el estado moderno se trazaron programas asistencialistas que pretendieron de alguna forma ayudar a estos grupos, los resultados fueron menos que relevantes y las condiciones de marginación que aún enfrentan fueron creciendo de forma insultante.
Apenas en el 2024, se promulgó la reforma constitucional al Artículo Segundo, en que se reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, un cambio profundo en el estatus legal de esta población cuya identidad y cultura eran ignoradas y a las que incluso se les atribuía ser el origen de la marginación en que el Estado las mantuvo.
La reforma reconoce su identidad cultural, su derecho a la libre determinación, autonomía, participación efectiva, y a decidir sus formas de organización social, política, económica y cultural, incluyendo la aplicación de sus propios sistemas normativos. Ya en el Plan Nacional de Desarrollo de la administración de la presidenta, Claudia Sheinbaum, incorpora un eje transversal dedicado a los derechos de estos pueblos, exigiendo que todas las políticas públicas del Estado mexicano incluyan un enfoque de derechos colectivos y justicia social, con prioridad en fortalecer su patrimonio cultural, lingüístico y territorial.
Pero el problema no se reduce, después de siglos de abandono, a un asunto jurídico; se requieren obras, recursos, programas de inclusión, estructuras que desde el Estado y el sector productivo reconozcan a los pueblos originarios en toda su dimensión, sin condicionar su desarrollo a la asimilación cultural. Porque la marginación que el Estado impuso históricamente a estas comunidades las arrojó a los mayores niveles de pobreza, rezago educativo, dificultades para acceder a servicios y al sistema de justicia, en un esquema de discriminación sistemática que se fue reproduciendo hasta normalizarse en toda la sociedad.
En estas condiciones los gobiernos federal, ya encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y estatal, por Margarita González Saravia, respondieron a la demanda histórica de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, no bajo el modelo asistencial que imponía presupuestos, obras, desarrollo y hasta esquemas normativos; sino con un esquema de reconocimiento y respeto a los derechos fundamentales de los individuos y las comunidades.
Desde el gobierno federal, por ejemplo, no solo se incrementó a 12 mil 300 millones de pesos el presupuesto para apoyos directos a pueblos y comunidades indígenas, a los que se sumarán proyectos transversales como caminos artesanales y la inclusión en los programas sociales; además, se cambió el modelo de asignación para que sean las asambleas indígenas las que determinen los proyectos de desarrollo a los que se dedicarán los recursos.
Se trata de un modelo que incluye a las comunidades indígenas y afromexicanas en el desarrollo del país, pero bajo sus intereses, necesidades, convicciones y anhelos que suelen ser diferentes a los que se plantean las zonas urbanas.
La presidenta aseguró en su visita a Morelos que el país está cambiando para bien. Y en términos de salud y programas sociales, como quedó demostrado este viernes y sábado con los Centros LIBRE para mujeres, el programa Salud Casa por Casa, el apoyo a comunidades indígenas y afromexicanas, y la clínica del IMSS que se construye ya en Yecapixtla, es una realidad innegable.
