Entre los enormes rezagos que padecemos en el estado, algunos de urgente atención como el sector educativo, la salud, o el productivo, uno que resulta particularmente pernicioso para todos -en efecto, hasta para los que no son los afectados directos- es la impartición de la justicia.
Recientemente hemos sido testigos de lamentables escándalos y descalificaciones en el propio seno del Tribunal Superior de Justicia y no hace mucho el nombramiento de nuevos magistrados, la ausencia de algunos y reformas legales para garantizar un cómodo retiro para muchos de ellos, se convirtieron en el tema principal del debate público estatal.
El mismísimo gobernador del estado acusó que en el Congreso se vendían las togas y hasta afirmó que el costo de cada una de ellas no baja de los seis dígitos.
Ayer, Pedro Martínez Bello, presidente del Foro Morelense de Abogados, afirmó que la agrupación ya ha recibido por lo menos seis denuncias en contra de jueces “que venden justicia”, es decir, que depende de la cantidad del incentivo que se les ofrezca, pueden interpretar la misma ley y las mismas acciones de un caso, de una u otra forma. Y es ahí en donde nos afectan a todos.
La corrupción en el sistema judicial no solo socava los cimientos de la justicia y la equidad en cualquier nación, sino que también profundiza las brechas de desigualdad social, económica y política, afectando de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables de la sociedad. Implica la manipulación indebida de juicios, el soborno de jueces y funcionarios judiciales, la obstrucción de investigaciones y la emisión de fallos injustos, por ejemplo. Cuando los ciudadanos perciben que la justicia está en venta, su fe en el sistema legal se desvanece, lo que a su vez disminuye la legitimidad de las autoridades y fomenta un ciclo de impunidad y desgobierno.
En sociedades con marcadas desigualdades sociales, como es el caso de Morelos, la corrupción judicial exacerba la vulnerabilidad de los sectores más desfavorecidos. Las personas con menos recursos económicos y sociales son las menos capaces de navegar por un sistema corrupto, ya que no pueden “pagar” por justicia. Esto perpetúa un ciclo vicioso de desigualdad, donde el acceso a la justicia se convierte en un privilegio de unos pocos, negando a la mayoría sus derechos fundamentales y la protección legal ante abusos y violaciones.
Desde luego, la corrupción judicial obstaculiza el desarrollo económico. La incertidumbre legal desalienta la inversión nacional y extranjera, crucial para el crecimiento y la creación de empleo. En Morelos, donde la economía requiere revitalización para mejorar las condiciones de vida y reducir las disparidades sociales, la corrupción judicial puede ahuyentar cualquier tipo de capital que se le quiera invertir, manteniendo el estatus quo de desigualdad y limitando las oportunidades para un desarrollo inclusivo.
La corrupción en el sistema judicial también contribuye a la escalada de la violencia y la criminalidad. En Morelos la impunidad resultante de un sistema judicial corrupto ha permitido que delitos graves, incluidos feminicidios y desapariciones forzadas, permanezcan sin resolver o que los presuntos responsables puedan huir no solo de la detención, sino de cualquier tipo de imputación. Esto no solo perpetúa el sufrimiento de las víctimas y sus familias, sino que también envía un mensaje peligroso de que tales crímenes pueden cometerse sin consecuencias si se tiene con qué llegar al precio, por lo que solo los criminales profesionales pueden tener los recursos necesarios.
Por último, la corrupción judicial menoscaba la capacidad del estado para garantizar derechos humanos básicos, incluidos el derecho a la vida, la seguridad y la igualdad ante la ley. En un entorno donde prevalece la corrupción, los derechos humanos se convierten en una moneda de cambio, accesibles solo para quienes pueden pagar por ellos, dejando a la mayoría de la población en una situación de indefensión.
Cuando nos decidamos por empezar a trabajar en arreglar nuestro estado, si bien entre tantos rezagos será difícil decidir por dónde iniciar, muchos de ellos terminan por converger en la ley y en sus impartidores.