Si algo ha quedado claro en los últimos años es que en Morelos hay siempre muchos inscritos a cualquiera de las oportunidades que se abren en la llamada burocracia dorada.
El listado de 37 aspirantes a cualquiera de las dos magistraturas vacantes en el Tribunal de Justicia Administrativa es el más reciente de los muchos ejemplos, evidenciados por relaciones de aspirantes a consejerías electorales, cargos en el Poder Judicial, candidaturas a cargos de elección popular, y otros espacios todos con salarios superiores a los cincuenta mil pesos mensuales, y prestaciones por encima de las mínimas establecidas en la ley.
Por mucho, la mayoría de los aspirantes a las posiciones vacantes, carecen de méritos suficientes para ocuparlas y su presencia en múltiples listados (hay los que se inscriben a todas las convocatorias posibles), complica las decisiones de los órganos responsables y enrarece los procesos al generar dudas innecesarias sobre los mismos.
La desconfianza en torno a los procesos hace que quienes los ocupan, desde el principio carezcan de la legitimidad deseable para ejercer sus cargos a cabalidad. Fenómeno a veces injusto porque las dudas se presentan respecto de los listados en general, y no siempre sobre aspirantes específicos que, probablemente, quedarán a la postre eliminados del procedimiento.
Limitar la inscripción de aspirantes, de acuerdo con algunos especialistas parecería una buena idea, pero sin duda lesionaría el derecho que cada uno tiene de buscar oportunidades de empleo legal siempre que cumpla los requisitos mínimos para ello. Así, el aparente remedio resultaría mucho peor que la enfermedad.
Llama la atención el contraste entre el crecimiento exponencial de las inscripciones a los procesos de designación de esos puestos, con la reducción de las oportunidades de desarrollo en un sector privado que sufre de un decrecimiento importante, parte por la inseguridad y otra por las políticas públicas entorpecedoras del desarrollo, el empleo de calidad y el dinamismo del mercado.
Probablemente pueda encontrarse una relación directa entre la falta de estímulos en el sector privado, con la urgencia de colocarse en la burocracia. Los sacrificios que, en comparación con los trabajos en las altas esferas de gobierno, se requieren en la iniciativa privada, son enormes. Pero la recompensa de ellos para quienes los hacen y para la sociedad es invaluable.
Habría que volver más atractiva la inversión y las posibilidades de desarrollo en las empresas, a fin de reservar los espacios que se concursan en el sector público a quienes realmente tienen el interés, los méritos y la vocación de servicio a la ciudadanía, está visto que no son tantos.