Los funcionarios públicos, ya sean nombrados o elegidos por el voto popular, son sujetos de la mayor atención pública: de ellos se esperan soluciones, responsabilidad, capacidad y que por lo menos respondan a la confianza que alguien, o muchos, depositaron en ellos.
Se busca que solucionen problemas, no que generen más; que cumplan con su obligación, no que generen mayor rezago. Los funcionarios públicos se encuentran de manera natural a la vista de todos, como lo dice su nombre. Y están obligados a rendir cuentas tanto de su desempeño como de los recursos -materiales, financieros y humanos- que se pusieron bajo su cuidado para que se usaran en el marco de la ley para beneficio de toda la sociedad, que es la que sufraga aquellos recursos y la que costea sus salarios.
Hoy aparecen en estas páginas diversos ejemplos de lo que sucede cuando estos funcionarios públicos -algunos beneficiados por el voto popular y que supuestamente quieren seguir gozando de sus favores- entienden mal las cosas: creen que los recursos de los que disponen o son propios o que nadie va a extrañar, piensan que son dueños de sus cargos o que por ser un órgano de transparencia puede ser un tanto opaco.
El tema del uso del erario en la administración estatal está en el aire desde hacer ya un par de semanas, las cifras van y vienen al igual que las descalificaciones, pero la Auditoria Superior de la Federación no deja mentir a nadie y aclara que, para el ejercicio de 2022, la administración estatal debe aclarar el uso de más de 710 millones de pesos, mientras se aprestan a emigrar dejándole el bulto a los que vienen.
Asimismo, el Instituto Morelense de Información Pública, que debería ser la personificación de la transparencia, realizó una especie de licitación que, de no haberse generado en sus pasillos, ellos mismos habrían observado.
Finalmente, una Concejal del municipio de Hueyapan quiso abusar de los usos y costumbres para autorizarse a sí misma una licencia e ir a buscar una candidatura a una diputación y, a las primeras críticas, lanzó contra sus adversarios a un grupo de sus supuestos partidarios. Y así pretende ganar el voto ciudadano.
En su esencia, la corrupción implica el abuso de poder para beneficio personal o de grupos cercanos, en detrimento del interés público y la sociedad en general. En el contexto del manejo de recursos públicos, esto puede manifestarse de diversas maneras, como la malversación de fondos, el soborno, la extorsión, el nepotismo y la adjudicación irregular de contratos, entre otros. Estas prácticas erosionan la confianza de la ciudadanía en las instituciones gubernamentales y socavan la legitimidad del Estado, que en estos ejemplos que casualmente coinciden en el número de hoy, están representados por funcionarios e instituciones: El Gobierno estatal, los funcionarios municipales, y las organizaciones civiles.
De plano, así nunca vamos a salir del hoyo.