El reciente informe de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) arrojó luz sobre una problemática alarmante: la violencia contra menores en México; más de dos mil niños, niñas y adolescentes fueron asesinados a nivel nacional en menos de un año en todo el país y más de 17 mil menores de nueve años se reportan como desaparecidos.
Son cifras que no solo reflejan una crisis, sino que demandan por una acción inmediata y eficaz.
Este escenario se ve agravado en Morelos, donde, a pesar de contar con cuatro Fiscalías Regionales y unidades especializadas en feminicidios, secuestros, desapariciones forzadas y apoyo a víctimas, la impunidad prevalece en más del 97 por ciento de los casos. Esta situación de impunidad y violencia se extiende también a los menores, quienes se encuentran atrapados en un ciclo de violencia y abandono por parte de las instituciones.
El informe de REDIM, presentado en vísperas del Día de Reyes, destaca que los estados de Michoacán, Guanajuato y Jalisco son los más violentos para la infancia, pero es importante reconocer que Morelos no está exento de esta crítica realidad. La falta de aplicación efectiva de medidas de protección, como el Protocolo Nacional de Coordinación Interinstitucional para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de 2021, es un reflejo de un sistema que falla en salvaguardar a nuestros menores.
La discrepancia entre las cifras oficiales y las reportadas por organizaciones como REDIM en cuanto a homicidios y desapariciones de menores también indica a la urgencia de una revisión y reforma profunda en nuestras políticas y prácticas de seguridad y justicia. La violencia contra las niñas, relacionada con la trata y explotación sexual, y el insuficiente reconocimiento de los feminicidios, son áreas que requieren atención inmediata.
El reclutamiento infantil por parte de organizaciones criminales, una realidad preocupante mencionada por REDIM, podría estar ocurriendo también en Morelos, dada la prevalencia de la delincuencia organizada en el estado. Esto, junto con la propuesta de desaparecer el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), demanda una revisión crítica y un fortalecimiento de las instituciones encargadas de proteger a nuestros menores en el estado y en todo el país.
Si bien este informe debe ser revisado por las figuras encargadas de atender este tipo de casos -estamos hablando de asesinatos y posibles secuestros de menores de edad, ni más ni menos- también es un llamado a la acción no solo para las autoridades nacionales, sino también para las estatales, como Morelos.
Debemos detener de una vez por todas que la violencia y la inseguridad sigan definiendo la infancia morelense. Es imperativo que las autoridades asuman su responsabilidad y actúen con determinación para proteger a los menores, garantizando su seguridad y sus derechos. La infancia de no puede seguir siendo víctima de la violencia y la indiferencia. Es hora de actuar.