El proceso de Controversia Constitucional impulsado por el Ejecutivo podría tardar más o menos un año en resolverse, opina Elías Barud, abogado y asesor legislativo, sobre todo ante la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de negar la suspensión provisional del paquete presupuestal 2023 y la anulación de la libre transferencia; además, otorgó 30 días hábiles al Congreso de Morelos para que presente sus pruebas y alegatos a fin de resolver a fondo.
El pasado 2 de febrero, el ministro de la SCJN, Alfredo Ortiz Mena, instructor del caso, al negar la suspensión solicitada por el Poder Ejecutivo de Morelos, señaló que no existe viabilidad para la suspensión provisional del Fondo de Infraestructura Regional Municipal y Acciones de Fomento Municipal aprobado por el Poder Legislativo en el Paquete Presupuestal 2023.
“Otorgar la suspensión como lo plantea el poder actor equivaldría a constituir una competencia que no se aprecia previamente; es decir, equivaldría a dar a la suspensión efectos constitutivos. Por ello, más bien, partiendo precisamente del objeto y finalidad de lo detallado en estas disposiciones y anexos reclamados, si algún municipio que no fue contemplado considera que la no asignación de recursos le genera alguna afectación, en su caso, tendría que acudir de manera personal a la controversia constitucional y plantear su respectiva afectación competencial”, se lee en la respuesta del ministro.
Respecto a la suspensión de la anulación de la libre transferencia, facultad que tenía el gobernador del estado desde el sexenio de Sergio Estrada Cajigal Ramírez, Ortiz Mena detalla que “si se accediera a esta petición, prácticamente se dejaría sin efectos una parte sustancial de ciertas normas reclamadas (la necesidad de obtener una autorización); lo cual equivaldría a suspender materialmente el contenido de las mismas. Aspecto que, se insiste, se encuentra prohibido en el artículo 14 de la Ley Reglamentaria de la materia. Sin que nuevamente se aprecie la actualización de la excepción jurisprudencial a esa regla: no se advierte la aplicabilidad del contenido de las normas”.
En conclusión, en los acuerdos, añade: “se niega la suspensión solicitada por el Poder Ejecutivo” y pide que se notifique al Poder Legislativo de la controversia.
“Esta historia aún no termina”, explicó el asesor legislativo del Congreso de Morelos, Elías Barud Estrada, “ya que el Congreso, que hasta este momento no había sido requerido y no ha tenido la oportunidad de fundar y argumentar sus actos, tiene 30 días hábiles”, para alegar lo que a su interés convenga.
El asesor legislativo apuntó que por los antecedentes de otras controversias “esto se podría resolver en aproximadamente un año y quedar ya sin efecto”.
