ANGÉLICA ESTRADA
Autoridades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitieron la controversia constitucional promovida por el gobierno de Morelos ante desacuerdos en la aprobación del paquete económico 2023 realizado por diputados locales.
El máximo tribunal en el país, hizo énfasis en la atención a dicho requerimiento, ordenando celeridad en su atención y solución.
“Túrnese este expediente al ministro que corresponde para que instruya el procedimiento correspondiente, de acuerdo con el registro que al efecto se lleva en la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal.
Dada la naturaleza e importancia de este procedimiento constitucional, se habilitan los días y las horas que se requieran para llevar a cabo la notificación de este provisto”, refiere el documento de admonición en la SCJN.
Fue a través de la Consejería Jurídica la promoción de este recurso, al referirse desacuerdos en dos rubros:
El primero, corresponde a la designación del Fondo de Aportaciones para Municipios en materia de obra pública, y el cual asciende a 500 millones de pesos, mismos que, a decir del gobierno de Morelos, “es desigual y solo beneficia a municipios en particular, mientras que otros no fueron considerados”.
La segunda observación deriva de la eliminación del rubro de la libre transferencia, este que permite la operación de 17 millones de pesos por parte del Ejecutivo, según lo considere y a discreción.
Fue durante la sesión ordinaria celebrada el pasado 03 de noviembre en el Congreso de Morelos, cuando 15 diputados aprobaron el presupuesto 2023, determinando dichos recursos a los rubros antes mencionados.
Pese a que existieron observaciones del gobierno estatal sobre estos conceptos, en diciembre fue ratificada la aprobación, sin existir ajustes.
Ante ello, el secretario de Gobierno, Samuel Sotelo, anunció la promoción del recurso legal en cuestión, a fin de que la SCJN sea quien dicte la última instrucción.
