La gestión del agua no es una prioridad en México
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) publicó el 31 de enero pasado un documento en el que afirma que la gestión del agua no es una prioridad en México, a pesar de que estamos viviendo una crisis hídrica que, al 15 de enero de 2024, afecta a un total de 1,613 municipios con sequías severas, extremas y excepcionales.
Por su importancia para el desarrollo económico, ambiental y social, el IMCO realizó un estudio con el objetivo de ofrecer un diagnóstico de la situación actual del agua en el país, desde entender a los principales grupos consumidores hasta identificar los retos de las aguas superficiales y subterráneas en México. Además, realizaron propuestas que buscan abonar al desarrollo de lineamientos de política pública a nivel nacional, para resolver los problemas actuales y prever los riesgos futuros en la materia.
Para el IMCO, el país carece de un andamiaje institucional adecuado para hacer frente a la nueva realidad y lo primero que habría que hacer es modernizar la regulación en la materia para promover una mayor coordinación entre actores, así como facilitar la inversión y dar mantenimiento a la infraestructura hídrica y, en términos generales, mejorar la gestión del agua en México. Coincido en términos generales, hoy día la institución responsable de la administración y gestión de las aguas nacionales ha perdido mucha presencia y sobre todo autoridad a nivel nacional y local, no tiene la capacidad humana ni económica para vigilar a los usuarios de aguas nacionales, no sabe, porque no se mide, cuánta agua se consume en el país, especialmente en el caso del principal uso consumidor de agua, la agricultura. Tampoco puede vigilar que las descargas de aguas residuales reciban previo tratamiento y cumplan con las normas correspondientes. Los resultados saltan a la vista, la contaminación de nuestros ríos y mares es visible a simple vista, la pestilencia de algunos ríos es francamente vergonzosa y la sobrexplotación de acuíferos amenaza la sustentabilidad del desarrollo en las zonas centro y norte del país.
A diferencia de otras voces, yo no creo que haya que desaparecer a la CONAGUA, al contrario, considero que requiere ser fortalecida en su tarea de autoridad, en lo que debería de ser su tarea central: “regular la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, su distribución y control, así como la preservación de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral sustentable”. A la CONAGUA le hace daño tener un alto presupuesto para obras, porque los funcionarios prefieren aparecer en las fotos inaugurando obras, invirtiendo miles de millones de pesos, en vez de tratar de meter en orden la extracción de agua; la tarea de autoridad es muy ríspida, implica conflicto con los usuarios, las tareas de construcción son muy gratificantes.
No me mal entiendan, mucha de la infraestructura hídrica, las presas, los sistemas de riego, las redes de agua potable y el alcantarillado, las plantas de tratamiento, etc. es obsoleta y presenta un rezago de décadas, es imperativo y urgente invertir en nueva infraestructura y en la rehabilitación, operación y mantenimiento de la que ya existe, pero quizá debería de hacerlo otra institución, la CONAGUA ha perdido la gran capacidad de gestión que le representan esos recursos, no ha sabido aprovecharlos para negociar reducciones en las concesiones de agua para lograr el equilibrio en cuencas y acuíferos sobrexplotados, y tampoco invierte proporcionalmente, destina muy pocos recursos a las tareas técnicas y de administración del agua que, insisto, deberían ser su prioridad.
Una ventana de oportunidad está en el Congreso de la Unión, que tiene pendiente promulgar la Ley General de Aguas. Recordemos que en febrero de 2012 se elevaron a rango constitucional los derechos humanos al agua y saneamiento, mediante la reforma del párrafo sexto del artículo cuarto. Después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, se concedió un plazo de 360 días para la expedición de una nueva Ley General de Aguas, pero llevamos 12 años y contando, ya hasta la Suprema Corte de Justicia lo ordenó, y nada.