El presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Morelos, Francisco Sánchez Zavala, fue muy claro ayer cuando le pidió al gobernador que dejara de repartir culpas y asumiera su responsabilidad en materia de seguridad pública.
El legislador le reprochó al Ejecutivo que sistemáticamente se escude en responsabilidades de otros cuando es el estado el que tiene la más alta responsabilidad en materia de seguridad.
Tiene razón, pero el concepto de seguridad pública no se limita a las fuerzas coercitivas que se pueden emplear para mantener el orden. Es un concepto tan amplio que, en pocas palabras, nos involucra a todos.
Como explica el jurista Sergio García Ramírez, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y destacado universitario, la seguridad pública es una cualidad de los espacios públicos y privados, que se caracteriza por la inexistencia de amenazas que socaven o supriman los bienes y derechos de las personas y en la que existen condiciones propicias para la convivencia pacífica y el desarrollo individual y colectivo de la sociedad, la construcción de esta cualidad implica la participación de múltiples recursos de la sociedad y del Estado.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 21, define a la seguridad pública como una función a cargo de la Federación, los estados y los municipios. La norma que regula este precepto constitucional señala que “las autoridades competentes alcanzarán los fines de la seguridad pública mediante la prevención, persecución y sanción de las infracciones y delitos, así como la reinserción social del delincuente y del menor infractor”. Al Estado en su conjunto le corresponde combatir las causas de los delitos y fomentar el respeto a la legalidad.
Es decir, la procuración de la paz social, le corresponde a todas las instituciones, órganos e individuos que conformamos el Estado, aunque, desde luego, los legisladores tendrán que hacer leyes que se puedan respetar y que permitan prevenir, perseguir y castigar el crimen; el poder judicial se encargará de aplicar esas leyes y el Ejecutivo de vigilar su observancia en la vida cotidiana.
Así es que todos tenemos responsabilidad en lo que pasa en la calle, incluso los ciudadanos que toleramos sin queja la violencia, la falta de respeto a la ley y la corrupción como una forma en la que se hacen las cosas tradicionalmente.
Todos tenemos excusas mientras la situación se sigue descomponiendo y, para rematarla, los funcionarios aprovechan las desgracias de terceros para tratar de hacer quedar mal al de enfrente, como lo hemos atestiguado en el reciente duelo de declaraciones entre Ortiz Guarneros y Carmona Gándara con respecto a la situación en Huitzilac.
Pero la criminalidad en nuestro estado no está como para veleidades públicas y ya urgen las medidas tangibles. Que los jueces, juzguen; que los policías, cuiden y que los investigadores, investiguen.
También el Congreso debería hacer memoria y recordar que hace tan solo unas semanas prefirieron no cuestionar la política de seguridad pública del gobierno y eximieron de comparecer a Ortiz Guarneros, en la glosa del Cuarto Informe de Gobierno y que, unos días antes, se mostraron comprensivos y empáticos con Carmona, tanto así que le prometieron un helicóptero, a pesar de sus resultados.