La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, el Comité contra la Desaparición Forzada y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias calculaban, hace unos meses, que en México han desaparecido alrededor de 100 mil personas desde 1964.
Estos organismos internacionales corroboraron, basándose en información proporcionada por las mismas autoridades mexicanas, un dato lapidario: el 97 por ciento de las desapariciones se verificaron a partir de diciembre de 2006;es decir, es un fenómeno relativamente reciente que se ha extendido explosivamente.
Hoy, las desapariciones de personas son consideradas como un resultado más de la inseguridad ocasionada por grupos ajenos a la legalidad, con sus propias reglas e intereses, y que han avasallado a la sociedad mexicana. Las extorsiones, los secuestros, la trata de personas, la “leva” de nuevos miembros y la protección del territorio que estos grupos criminales consideran de su propiedad, tiene mucho que ver con el aumento de las desapariciones.
La desaparición de 97 mil mexicanos tan solo en 16 años es algo que debería preocupar y angustiar no solo a los familiares y amigos cercanos de las víctimas, sino a todo el gobierno y al propio Estado Mexicano.
En Morelos, de acuerdo con el Centro de Investigaciones Morelos Rinde Cuentas, tan solo en los primeros cinco meses de este año han desaparecido 299 personas, en su mayoría mujeres de entre 10 y 19 años; por su parte, la Comisión Independiente de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CIDHEM) ha documentado más de mil 500 casos de desapariciones en los últimos cinco años.
Pero estas cifras -que también representan el número de familias morelenses lastimadas- parecen no preocupar a nadie, al contrario, cualquiera podría pensar que, en cierta medida, hasta incomoda a las autoridades que escatimaron sistemáticamente su apoyo a la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, cuya séptima temporada en suelo morelense concluyó hace unos días.
Como se atestiguó en las colaboraciones de nuestra compañera Estrella Pedroza, una ráfaga de arma de fuego en Temixco -a todas luces muestra de inconformidad de alguien por el trabajo de la BNB- no fue suficiente para que las autoridades destacaran los elementos suficientes para la protección de las Rastreadoras o que, por lo menos, aquellos comenzaran con su trabajo de manera puntual.
Juan Carlos Trujillo, representante de la BNB, comentó que durante toda la estancia de la Brigada, las autoridades estatales y federales incumplieron acuerdos, principalmente en materia de seguridad. Y no solo eso, quizá por protocolos o por su forma de trabajo, pero también se obstaculizó que la Brigada pudiera documentar las condiciones y característicasde algunos de sus hallazgos más importantes: cuerpos enteros, algunos enterrados clandestinamente hace apenasunas semanas.
La gente no se va sin dejar rastro. Algunas de las ausencias son más notables que las presencias porque concitan a la movilización, quizá primero de familiares y amigos y,después, de grupos humanos solidarios, personas con dolores similares que se acompañan físicamente en su búsqueda o que la hacen posible gracias a donaciones y solidaridad.
Pero las autoridades deberían estar tranquilas y podrían apoyar los trabajos de las Rastreadoras sin miedo porque, como lo dijo una de sus integrantes: ellas no buscan a los culpables, solo les interesan las víctimas, para llevarlas a casa.