La directora del Instituto de la Mujer de Cuernavaca, Lorena Castillo Castillo, informa que más del 90 por ciento de los casos de violencia contra las mujeres que se da en el entorno familiar ocurre principalmente durante los fines de semana, es un fenómeno periódico que ella atribuye al consumo de alcohol y a la cercanía de individuos que “pueden tener conflictos de convivencia”.
En efecto, resulta que para muchas personas la convivencia familiar puede desencadenar resentimientos, rencores y disminuir sus niveles de tolerancia y capacidad de comunicación. La violencia doméstica o intrafamiliar también tiene mucho que ver con roles sociales que incluso pueden llegar a justificar y fomentar algún tipo de las muchas violencias que se pueden desencadenar en el seno familiar: psicológica, económica, física y sexual.
Lo peor es que, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la violencia intrafamiliar es un fenómeno que va al alza, tan solo en mayo de este año se alcanzó la cifra histórica de 27 mil 109 casos a nivel nacional. En lo que va del 2022 todos los meses los casos de presuntos delitos de violencia intrafamiliar en México han superado los máximos mensuales de cuatro años (del 2015 al 2018) y, entre 2019 al 2022, cada año, se ha alcanzado un lamentable nuevo récord.
Aunque en casos reportados Morelos se encuentra en el lugar 19 a nivel nacional con 4 mil 424 entre enero a octubre, cuando se relacionan los reportes con total de población, nuestra entidad escala al lugar número 12.
A nivel nacional casi el 6 por ciento de todas las llamadas de auxilio a los números de emergencia tienen que ver con violencia familiar y violencia de pareja.
Es esta situación la que ha desencadenado una serie de iniciativas populares que buscan la creación de nuevas leyes casi siempre con nombres de mujer, por mencionar algunas: la Ley Sabina, para prevenir deudores alimentarios y abandono paternal; la Ley Olimpia, para proteger la privacidad de las mujeres y contra la violencia digital; la Ley Monse, para castigar a quienes protegen a feminicidas; la Ley Camila, que busca proteger los lazos familiares entre las madres y sus hijos en caso de separación y divorcio; la Ley Ingrid, a favor de las víctimas de violencia feminicida y su privacidad y, la Ley Vicaria, en contra de la violencia de ese mismo nombre caracterizada por el maltrato de menores para infringir dolor a un tercero, generalmente la madre.
Morelos fue la primera entidad en adoptar la Ley Monse y la sexta en la Ley Ingrid.
En general, lo que buscan estas iniciativas, mediante adiciones y reformas al Código Penal, al Código Civil o a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es lo que no se consiguió en el matrimonio o cuando la víctima todavía estaba con vida: respeto.
Ojalá lo consigan.
Pero las leyes poco pueden hacer si no hay un cambio cultural en el seno familiar que haga realidad la igualdad entre la madre y el padre, en el que los hijos se eduquen con amor y corresponsabilidad, en el que la familia deje de ser cámara de resonancia de vicios, frustraciones y odios íntimos; si eso se lograra, pronto tendríamos una nueva sociedad.
Zafra
Cuando existe crisis, necesariamente es múltiple; para ese término, en política, no hay singular.
