José Martínez Cruz y Juliana García Quintanilla

La militarización de la seguridad pública no garantiza una disminución de los índices de violencia, sino que incrementa las violaciones a los derechos humanos. A pesar de que el gobierno actual planteó cambiar las estrategias de combate al crimen organizado mediante un proceso de desmilitarización de la seguridad pública, por el contrario, ha avanzado en su legalización. Los derechos humanos se violan cotidianamente y se tratan de invisibilizar. Una política de seguridad humana requiere cambiar paradigmas sobre la seguridad pública que es entendida como protección de las instituciones de gobierno, por una concepción integral de seguridad ciudadana proporcionada por todas las instituciones y por elementos de la policía civil capacitada, cercana y controlada por la población, mediante un verdadero combate a la impunidad delictiva, garantizando los derechos de las víctimas y la seguridad en todos los ámbitos de la vida. Una seguridad de tipo humana, bio-cultural y de género, que privilegia lo preventivo, se desarrolla con y para la gente desde sus propias comunidades y localidades, teniendo el objetivo de garantizar todos los derechos humanos como el mayor indicador de éxito posible.

En México ha prevalecido intocado el poder militar a pesar de las denuncias presentadas en su contra por los abusos de poder cometidos históricamente. En su reciente informe el Comité contra la desaparición forzada de la ONU deploró el saldo de violaciones a los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas. Algunos de los expertos indicaron que se configura una suspensión de facto de los derechos humanos en algunas zonas del país. Expresaron que el Estado no puede justificar de manera alguna proporcionar un trato diferencial a los elementos castrenses mediante la aplicación del fuero militar a casos de abusos.

En el periodo 2000-2006, se encontraban desplegados un promedio de 32 mil 500 soldados en tareas de seguridad pública y procuración de justicia; pero en la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), había ya 48 mil 500.

Aunque el presidente Enrique Peña Nieto inicialmente redujo el despliegue militar a niveles comparables al periodo 2000-2006, entre 2016 y 2018 hubo un cambio de estrategia, con un promedio de 53 mil soldados desplegados, además de 16 mil 700 marinos.1 Durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, se han rebasado todos los límites previos: en agosto de 2021 se reportaron desplegados 98 mil 500 soldados, 27 mil 400 marinos y 90 mil efectivos de la nueva Guardia Nacional, integrados en su mayoría por personal militar (75 por ciento).2

Ya en la presidencia de López Obrador, a pesar de contar con un máximo histórico en el despliegue militar durante la primera mitad de su gobierno, se cometen un promedio de 2 mil 879 homicidios cada mes, esto es el doble comparado con la administración de Felipe Calderón.

No es menor la preocupación por la militarización de la seguridad pública, que lejos de disminuir, aumenta la violencia y el número de víctimas de ejecución y desaparición forzada elevando su número a más de 93 mil.

Militares, desapariciones y derechos humanos

En el cuartel de la 24 zona militar de Cuernavaca los soldados torturaron, desaparecieron forzadamente y ejecutaron extrajudicialmente a Jethro Ramsés Sánchez Santana, de 26 años de edad. El primero de mayo de 2011, lo detuvieron arbitrariamente policías municipales que lo entregaron a policías federales y éstos a su vez llamaron al Ejército para entregarlo bajo la acusación sin fundamento de que formaba parte de un cártel de la delincuencia organizada. Han pasado los años y fue hasta 2019 cuando fueron sentenciados los implicados. No detuvieron a sus jefes que ordenaron estos crímenes de lesa humanidad y no se investigó la cadena de mando hasta sus últimas consecuencias. No olvidamos.

José Ramón García Gómez fue desaparecido por elementos policiacos en Cuautla, Morelos, el 16 de diciembre de 1988. Hasta la fecha se desconoce el paradero de José Ramón, cuyo caso fue enviado a la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Es inaceptable esta extrema violencia cometida contra una persona.

En Morelos las desapariciones forzadas se han documentado desde los años 70s, cuando fueron desaparecidos los niños Pastor, familiares de guerrilleros del Partido de los Pobres, en la época en que desaparecieron a más de 500 personas en el Estado de Guerrero y sobre todo en la sierra de Atoyac.

Actualmente el número de personas desaparecidas en Morelos asciende a mil 700, de 1988 a la fecha, de acuerdo a datos proporcionados por la Comisión de Búsqueda. Las causas de las desapariciones se han modificado, pero en lugar de disminuir, se han ampliado y diversificado.

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