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Paloma Estrada Muñoz y José Martínez Cruz

Los pueblos indígenas han resistido durante siglos por su auto organización y capacidad de resistencia, frente a las políticas colonialistas, autoritarias y represivas que han intentado desaparecerlos mediante la discriminación y la violencia.

En México se padeció el genocidio étnico durante la conquista y colonización del Imperio Español, despojando de sus tierras y territorios a los pueblos originarios, sometiéndolos a la esclavitud y los trabajos forzados en minas y plantaciones.

Durante todos los 5 siglos que le siguieron a ese dominio, siempre existieron resistencias, revueltas, rebeliones y revoluciones indígenas. Sin embargo, las raíces culturales están más vivas que nunca, como lo demuestran investigaciones arqueológicas, antropológicas e históricas, como se muestra en el recién abierto Museo Regional de los Pueblos de Morelos, Palacio de Cortés, del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Pero, aun cuando existen 23 millones 229 mil indígenas por autoadscripción de acuerdo con el censo de población y vivienda 2020 del INEGI, quienes hablan 68 lenguas indígenas y sus variantes, apenas en 1992 se incluyó en la Constitución la pluralidad cultural del país.

La insurrección zapatista de 1994 y la ley indígena de 1996 abrió nuevos senderos para el reconocimiento de la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas.

Y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, firmado por México en 1989, reconocía derechos que posteriormente se legislaron y ratificaron jurídicamente por el Congreso y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es así que el derecho a una consulta previa, libre, informada y culturalmente fundada, que se establece para no violentar los derechos de los pueblos indígenas por decisiones políticas que se imponen desde fuera de las comunidades debiera ser garantizado por todos los tribunales.

Bajo esta normativa jurídica, actualmente en Morelos se lleva a cabo un ejercicio de participación de los pueblos indígenas en el establecimiento de un protocolo para la implementación de las acciones afirmativas favorables a los pueblos mediante una consulta adecuada a los máximos estándares internacionales que tienen como base el principio pro persona. Esto se hace para salvaguardar los derechos políticos de las comunidades indígenas de Morelos, lo cual sería un ejercicio estéril sin la participación de las comunidades, ya que con anterioridad se ha pretendido utilizar, simular y engañar a la sociedad por quienes se benefician del poder económico y político.

Por ello, se han llevado a cabo observaciones críticas desde la experiencia de los pueblos, para garantizar que se respete la voluntad de los pueblos indígenas a través de la participación y decisión en el órgano máximo de toma de acuerdos que es la Asamblea General. Esta es una forma de democracia participativa más avanzada que la democracia representativa. Así lo ha confirmado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sus resoluciones sobre la controversia constitucional en el caso del pueblo Indígena de Tetelcingo, y por los Tribunales Electorales en el caso del Municipio Indígena de Xoxocotla.

Es importante destacar que la propia Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en su Artículo 7, establece que: “En el ejercicio de sus atribuciones y facultades, el Instituto respetará las instituciones, órganos, normas, procedimientos y formas de organización con que cada pueblo y comunidad cuente para la toma de decisiones, en el marco del pluralismo jurídico. Para estos efectos, se reconoce a la Asamblea General Comunitaria como la máxima autoridad en la toma de decisiones; así como a las autoridades e instituciones representativas de dichos pueblos y comunidades, elegidas y nombradas de conformidad con sus sistemas normativos.”

Por ello es que la lucha porque el Congreso del Estado de Morelos apruebe la creación del Municipio Indígena de Alpuyeca, debe considerar precisamente la libre autodeterminación de la comunidad a través de su Asamblea General en la que decidió constituirse como Municipio Indígena, acompañada por más de 1000 firmas de respaldo, que dio un mandato al Consejo Promotor de la Iniciativa Legislativa para Creación el Municipio Indígena de Alpuyeca, de tal manera que la aplicación de políticas acorde con lo establecido en las Leyes y Normas Locales, Nacionales e Internacionales para saldar la deuda histórica que se tiene con los Pueblos Indígenas en Morelos, es un reclamo hoy más vigente que nunca.

“Cortaron nuestras ramas, talaron nuestro tronco, pero no pudieron arrancar nuestras raíces”.