Embarazo adolescente: un problema en la población sin seguridad social
Autores: Judith Marisol Malta Vargas, Juan Eugenio Hernández Ávila, Lina Sofía Palacio Mejía, Mariana Álvarez Aceves*
El embarazo precoz es un problema de salud pública que perpetúa el círculo de pobreza de generación en generación. Por un lado, incrementa el riesgo de mortalidad materna o perinatal, así como de enfermedades relacionadas con el parto; por el otro, limita las oportunidades de desarrollo de las jóvenes madres y de sus hijos, lo cual contribuye a perpetuar las condiciones de marginación de la población.
Ante ese escenario, un equipo de investigadores llevamos a cabo un estudio para analizar el embarazo entre mujeres adolescentes según su condición de seguridad social y el grado de marginación presente en las entidades que ellas habitan, así como para identificar la evolución que ha tenido este tipo de embarazos desde 2010 hasta 2019.
Así, se estimó la proporción de mujeres menores de 20 años, entre cada mil, que se embarazaron (incluyendo a las que tuvieron hijos nacidos vivos, nacidos fallecidos o abortos) y se le relacionó con la condición de seguridad social. Se analizaron, entonces, las diferencias entre las mujeres sin seguridad social atendidas por la Secretaría de Salud y las derechohabientes de alguna institución como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de acuerdo con su entidad de residencia y los diferentes grados de marginación registrados.
Cabe aclarar que el grado de marginación se refiere a una medida de las carencias que padece una población como consecuencia de un acceso limitado a la educación, a la salud, a viviendas adecuadas y a un ingreso monetario suficiente, aspectos que fueron estimados por el Consejo Nacional de Población en 2015.
Durante el estudio se encontró que, en 2010, la tasa de embarazo adolescente fue de 80.4 por cada mil, mientras que para 2019 esta proporción disminuyó a 64.9, lo que representó una reducción de 19.2% en todo el periodo. Este descenso fue más notorio entre las mujeres sin acceso a la seguridad social que entre las derechohabientes.
A pesar de que la disminución de los embarazos ha sido mayor entre las adolescentes sin seguridad social, la brecha existente entre ellas y las derechohabientes es alarmante. En promedio, durante todo el periodo 2010-2019, entre las beneficiarias del IMSS, del ISSSTE, de Pemex y de la Sedena se registraron 19.9 embarazos adolescentes anuales por cada mil mujeres; en contraste, entre las mujeres que no tienen acceso a la seguridad social la cifra ascendió a 152. Considerando sólo los datos de 2019, la tasa de embarazos en menores de 20 años fue 5.3 veces mayor entre las adolescentes sin seguridad social que entre las aseguradas.
La anterior situación se agrava si se toma en cuenta que la proporción de mujeres adolescentes sin seguridad social se incrementó en el lapso analizado, ya que pasó de 38.5% en 2010 a 53.4% en 2019.
Entre las adolescentes sin seguridad social, la reducción en la tasa de embarazo ocurrió en todas las entidades de la República mexicana; sin embargo, las disminuciones más notorias se registraron en los estados más marginados. Entre la población derechohabiente, sólo en las entidades con un grado muy bajo de marginación, la tasa de embarazo mostró un descenso.
Es evidente que en México la tasa de embarazo adolescente sigue siendo un problema vigente que se presenta en todos los contextos sociales. Además, existe una gran brecha entre la población con y sin seguridad social. Mientras que las tasas de embarazo en las adolescentes derechohabientes se acercan a las de países con altos ingresos como Estados Unidos, las del grupo de población no asegurada están más cerca de las notificadas por países de bajos ingresos como Nigeria. No obstante, en México la población sin acceso a los servicios de seguridad social aumentó durante el periodo estudiado.
Estos hallazgos remarcan la necesidad de tomar en cuenta la condición de seguridad social al momento de planear las estrategias de prevención del embarazo entre adolescentes y, por supuesto, llaman la atención una vez más respecto a la urgencia de redoblar esfuerzos para reducir las enormes brechas que hay en las condiciones de vida de la población, en cuanto al acceso a la educación, el empleo y la salud, principalmente.
*Especialistas en salud pública. Invitados por el Dr. Eduardo C. Lazcano Ponce.