El año que está por terminar fue, de los últimos tiempos, el que más ha resentido el cambio climático. Recordemos las altas temperaturas que en nuestro país sufrimos a mediados de año y los diversos fenómenos meteorológicos acontecidos, como el huracán Otis que devastó el puerto de Acapulco. Estos son solo algunos ejemplos a nivel nacional, pero a nivel mundial también hubo grandes afectaciones que, por lo demás, impactan a todos a nivel global.

Analizar lo sucedido este año se vuelve necesario, así como adoptar medidas necesarias para su combate, de ahí la importancia de foros como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, conocida como COP, que este año se reunió en Dubai, y en donde se aprobó una hoja de ruta para la “transición hacia el abandono de los combustibles fósiles”. Como señaló el Secretario General de la ONU António Guterres, evitar el calentamiento global a 1,5°C, uno de los objetivos clave establecidos en el histórico Acuerdo de París de 2015, “será imposible sin la eliminación progresiva de todos los combustibles fósiles”, como lo reconoce una coalición de países cada vez más amplia y diversa. Además, enfatizó que “es esencial unirse en torno a soluciones climáticas reales, prácticas y significativas que estén a la altura de la escala de la crisis climática”.

En el combate al cambio climático resulta importante la colaboración internacional para establecer compromisos, medidas y mecanismos para hacer que los compromisos sean vinculantes, verificables y que existan consecuencias de su incumplimiento. Al respecto, destaca la adopción, el 4 de marzo de 2018, del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), mismo que fue ratificado por México en enero de 2021. Este Acuerdo, establece que: “tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible”.

Con base en estos propósitos, resulta relevante lograr el establecimiento oportuno de una herramienta que, en la lógica del propio Acuerdo, permita contar con información clave para monitorear su avance y además poner de relieve elementos centrales para que los países mejoren la formulación de políticas y la toma de decisiones en la materia.

Entre los elementos sobre la situación de las obligaciones establecidas en el Acuerdo, a la fecha destaca que 24 países han adoptado leyes de acceso a la información pública; 76% de los países incorporan disposiciones para promover la participación pública en leyes generales sobre el medio ambiente; 20 países favorecen que cualquier persona o colectivo pueda ejercitar acciones en defensa del medio ambiente y que 6 países cuentan con instrumentos normativos específicos que protegen a las personas defensoras ambientales.

El Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (PUDH-UNAM), que cuenta con una área de reconocido prestigio, en el tema de evaluación a partir de generar indicadores , con el apoyo de la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, desarrollaron una primera propuesta general de un sistema de indicadores para el seguimiento del Acuerdo de Escazú, dirigida a monitorear sus avances de manera transparente y uniforme, que además sirva como base para diseñar políticas públicas y rutas de acción, con enfoque basado en derechos humanos, Este sistema de indicadores podría ser retomado como buena práctica por otros países de la región y, eventualmente, servir como base para el seguimiento regional de los avances para el cumplimiento del Acuerdo de Escazú.

En octubre de este año, la Cancillería mexicana y la Secretaría de Gobernación, retomaron la propuesta de la UNAM e iniciaron la recopilación formal de la información necesaria para registrar y establecer la línea base para el monitoreo del acuerdo; de conformidad con la programación establecida se espera que los indicadores sean publicados en la plataforma pública de datos abiertos del Sistema Nacional de Evaluación de Derechos Humanos en el primer trimestre de 2024.

El sistema propuesto se compone por 58 indicadores de los cuales, considerando los tipos establecidos para evaluar el cumplimiento de derechos, el 36% se enfoca en aspectos estructurales que miden las bases primarias del andamiaje requerido para el cumplimiento de los compromisos (incluyendo armonización legislativa, normativa e institucionalidad base), otro 28% valora los procesos para el avance en la implementación (políticas públicas, programas, coberturas de atención), y el 36% restante -21 indicadores- busca valorar el cumplimiento efectivo de los compromisos, considerando el impacto real de las acciones públicas en las personas.

Es conviene aclarar que estos indicadores, concebidos bajo el enfoque de derechos humanos, están dirigidos a valorar los avances centrales sobre el cumplimiento del Acuerdo bajo una mirada integral que considera al Estado parte como un todo. Los indicadores no pretenden medir los detalles específicos de su implementación, por lo que no incluyen indicadores de gestión ni tampoco sobre el desempeño de cada entidad implementadora.

Finalmente, no debemos soslayar el compromiso que las naciones hicieron para cumplir en el año 2030 la Agenda para el Desarrollo Sostenible, con los 17 objetivos, las 169 metas y los 132 indicadores que se han propuesto. Su cumplimiento ofrecerá a las generaciones presentes y futuras una mejor opción de vida y, al medio ambiente el equilibrio que requiere y que suplica constantemente a través, del cambio climático o los desastres naturales cada vez más intensos.

*Especialista en Derechos Humanos