Maximino Aldana*
En el año 2000, las personas que vivíamos en el centro/sur del país nos enterábamos por las noticias de que un grupo armado altamente entrenado en tácticas militares de contrainsurgencia estaba llevando a cabo actos de violencia extrema en ciertos poblados de Tamaulipas y Nuevo León. Eran noticias alejadas no sólo geográficamente sino también de nuestras vidas cotidianas. Fueron los primeros ecos de una descomposición social que comenzaría a extenderse y terminaría por incendiar cada rincón del país.
Este grupo armado llevó el narcotráfico a otro nivel. Ya no se trataba solamente de producir y transportar drogas, sino de apoderarse y controlar todo tipo de actividad criminal existente: piratería, robo de autos, tráfico y explotación de personas, extorsión, secuestro, apropiación de predios, robo de recursos naturales, etc. Y todo esto con una violencia delirante nunca antes vista. En aquella época no teníamos idea de la magnitud del tsunami que se nos venía encima. Pero poco después las imágenes de descuartizados, colgados de puentes, migrantes sepultados en fosas clandestinas, y muchas atrocidades más se extenderían por todo el país volviéndose cotidianas.
En el año 2012 tuve la oportunidad de atender una conferencia que se llevó a cabo en la Escuela de Leyes de la Universidad de Harvard en la cual especialistas en seguridad e inteligencia de muchos países se reunieron para discutir cómo detener la violencia extrema que se había desatado en México, alcanzado niveles mucho más allá del ajuste de cuentas entre narcotraficantes. Los politólogos, criminólogos, sociólogos, economistas, consejeros de seguridad y demás especialistas que participaron en la conferencia llegaron a una única conclusión: el Estado Mexicano debía utilizar todo su poder (militar, político, financiero, social, etc.) para combatir a los grupos criminales más violentos y transmitir el mensaje de que no los estaban combatiendo por sus negocios de narcotráfico, sino por la violencia extrema que generaban. Se firmó un documento con esta conclusión y las razones que la sustentaban. Los organizadores de la conferencia acordaron entregar dicho documento al gobierno de México, pero no supe si alguna vez se entregó o no a las autoridades correspondientes. Lo que sí sé es que la estrategia de seguridad propuesta en esa conferencia por diversos especialistas internacionales para reducir la violencia en México iba en una dirección completamente opuesta a la implementada por el régimen actual.
Yo no soy especialista en temas de seguridad e inteligencia. Lo que les cuento es una experiencia que me tocó vivir y que quiero compartir para poner en contexto la famosa “Guerra de Calderón”. No fue el presidente Calderón el que desató el infierno cuando llegó al poder. El infierno ya había comenzado por lo menos seis años antes y se tenía que detener a toda costa (incluso, tal vez, negociando con los grupos menos violentos para combatir a los más violentos).
Ahora, viendo el problema en retrospectiva, considero que el error en la “Guerra de Calderón” fue combatir al crimen organizado con fuerzas del Estado que no estaban organizadas sino divididas. La Policía Estatal no confiaba en la Policía Municipal. La Policía Federal no confiaba en los estatales ni en los municipales. Los militares no confiaban en los policías. Los marinos no confiaban en nadie. No me cabe duda de que el crimen organizado debía combatirse con todos los recursos del Estado. El error de Calderón fue intentar hacerlo con fuerzas divididas. Dudo que fuera su culpa. Era simplemente lo que había en ese momento.
Aún con esta experiencia histórica reciente, el gobierno actual se ha dedicado a dividir aún más a la sociedad (conservadores contra liberales, clasistas contra pobres, etc.). El discurso divisorio proferido al unísono por muchos de los actuales líderes gubernamentales impide combatir y resolver los problemas que desangran a México. Sólo hay que ver la evidencia. ¿Acaso ha disminuido la criminalidad? La gran moraleja que podemos aprender del periodo de Calderón es que la división entre mexicanos es absolutamente contraproducente para combatir a la delincuencia organizada (o cualquier otro problema de nuestra sociedad). Cabe entonces hacerse la pregunta: ¿a quién, y por qué, le conviene seguir atizando el fuego de la división social?
*Investigador del Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM.
