Gabriela Mendizábal Bermúdez* y Wilfredo Alaniz Pérez**
El litigio estratégico en derechos humanos es una herramienta que han utilizado víctimas y organizaciones de la sociedad civil para recibir la protección de la justicia a través del uso de los sistemas judiciales y mecanismos internacionales de protección y se caracteriza por no solo buscar la reparación del daño a las víctimas directas implicadas, sino también por aspirar a desencadenar transformaciones más amplias, tales como reformas legales, la adopción o revisión de políticas públicas, e incluso la modificación del comportamiento de las autoridades.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Amnistía Internacional respaldan y coinciden que el litigio estratégico se configura como una táctica legal que implica la cuidadosa elección de un caso de gran relevancia.
En materia de seguridad social, el litigio estratégico busca sentar precedentes que transformen los sistemas de seguridad social en su totalidad. Nos referimos a un cambio estructural, en el que las políticas públicas no solo se ajusten a estándares mínimos, sino que asciendan hacia la promoción activa de la igualdad y la justicia social. México, como tantas otras naciones, ha sido testigo de estas batallas legales. Casos que desafían restricciones de acceso a la seguridad social, que señalan discriminación y que exigen la revisión de políticas que podrían dejar a ciertos sectores marginados.
Al examinar la actividad judicial de los Tribunales Colegiados y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el ámbito de la seguridad social a nivel nacional, destacan casos que han dado origen a cambios importantes como el acceso a la seguridad social para parejas del mismo sexo, y también para las trabajadoras y trabajadores domésticos, y el caso destacado de los trabajadores municipales de Cuerámaro, Guanajuato, cuya resolución establece un precedente crucial al ampliar la protección del derecho a la seguridad social a los trabajadores de todos los municipios de México.
Aunque estos avances representan pasos positivos hacia la consolidación de la justicia social, es evidente que aún no han alcanzado el umbral necesario para lograr el reconocimiento formal de la seguridad social como un derecho humano consagrado en la Constitución mexicana para todas las personas.
En un ámbito más cercano y concreto, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) presenta una situación preocupante en el Estado de Morelos, basándose en datos del año 2022. De acuerdo con sus reportes, más de 1,165,000 personas carecen de cobertura en el ámbito de seguridad social (Medición de Pobreza 2022). Este dato adquiere un significado particular al contrastarlo con las cifras del último censo poblacional del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2020), que señalan una población total de 1,971,520 habitantes en el Estado. Este contraste subraya la magnitud del desafío que enfrenta la garantía de seguridad social en una entidad donde una proporción sustancial de la población se ve privada de este derecho humano. Estos números, más allá de ser meras estadísticas, destacan la necesidad inminente de acciones concretas para abordar y revertir esta brecha en el acceso a la seguridad social en el contexto morelense.
En este escenario, las instituciones académicas y las organizaciones de la sociedad civil en Morelos enfrentan desafíos significativos, y una herramienta clave para abordarlos es la implementación del litigio estratégico. Aunque este enfoque busca la justicia para casos específicos, su objetivo principal radica en establecer una red de iniciativas que propicie cambios estructurales en materia de seguridad social, con impactos positivos para los residentes de Morelos. Resulta crucial que estas entidades asuman un papel proactivo como agentes en la promoción de la justicia social y legal.
*Profesora Investigadora de Tiempo Completo de la FDyCS de la UAEM.
**Doctorando del programa de Derecho y Globalización de la FDyCS de la UAEM.