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Gabriela Mendizábal Bermúdez* y Anahí Pérez Rojas**

El salario mínimo (SM) enfrenta desafíos multidimensionales algunos de ellos son: la insuficiencia para cubrir necesidades básicas ante la pérdida de su poder adquisitivo; con su incremento anual se presenta también el riesgo de impactar negativamente el empleo formal y aumentar la inflación; así como la brecha salarial existente entre hombres y mujeres -por mencionar algunos.

En México, el SM está contemplado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CEPUM) como producto de una gran conquista obrera y ha sido concebido como un derecho social mínimo y una contraprestación económica que debe percibir toda persona trabajadora por su labor, pero al mismo tiempo constituye un límite inferior que obliga a los empleadores a no remunerar por debajo de la cantidad estipulada legalmente. “Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos.” (Art. 123 CPEUM)

Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), al último trimestre de 2023 la población económicamente activa (PEA) fue de 60.7 millones de personas entre este sector se ubican 22,106,605 trabajadoras y trabajadores que perciben SOLO un SM, esto es que su subsistencia y la de sus familias depende enteramente de dicho monto, asimismo la población ocupada en la informalidad laboral fue de 31.7 millones de personas, ello quiere decir que se incrementa su vulnerabilidad al no tener un vínculo formalmente reconocido con la consecuente carencia de seguridad social y prestaciones.

En el panorama económico y laboral de México, el SM ha sido un tema de suma importancia que ha experimentado transformaciones significativas. Estas modificaciones en gran medida se originaron en 2018 a raíz de compromisos internacionales, especialmente en el contexto de la firma del Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá (USMCA), en el que el gobierno mexicano se comprometió a implementar una serie de medidas destinadas a mejorar diversos aspectos, como el comercio, el medio ambiente, los derechos laborales y la propiedad intelectual, incluyendo el incremento al SM.

De forma que, a partir del primero de enero de 2024, el SM general incrementó 20% estableciéndose en $248.93 pesos diarios; mientras que para los trabajadores en la Zona Libre de la Frontera Norte (compuesta por 43 municipios de los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas) pasó a $374.89 pesos diarios.

En Morelos, en el tercer trimestre de 2023, la población económicamente activa de Morelos fue de 884,000 personas, con un salario promedio diario de $254.00.

Además, no se debe perder de vista que, según el CONEVAL, en esta entidad federativa 43% de su población se encuentra en pobreza moderada, mientras que el 9.58% se encontraban en condiciones de extrema pobreza.

Como se puede ver, a pesar de las constantes modificaciones, el SM sigue siendo insuficiente para cubrir las necesidades básicas de los trabajadores, lo que puede contribuir a la persistencia de la pobreza y la desigualdad económica. El incremento anual del salario mínimo enfrenta desafíos como la informalidad laboral y las prácticas deshonestas de algunos empleadores que evaden responsabilidades al registrar a los empleados con salarios inferiores a través de empresas de tercerización y outsourcing. La informalidad laboral perpetúa la falta de acceso a beneficios como el salario mínimo, vacaciones y seguridad social y sin duda el salario mínimo marca la realidad social y económica de millones de personas en el país.

*Profesora Investigadora de Tiempo Completo de la FDyCS de la UAEM.

**Estudiante de la maestría en Derecho, posgrado de calidad del CONAHCYT, en la FDyCS de la UAEM