Por Luis Raúl González Pérez*
México no podrá superar la situación que actualmente enfrenta en materia de seguridad y justicia, si no revisa y atiende los problemas que enfrenta su sistema penitenciario. Los centros penitenciarios, si no se atienden y vigilan, pueden ser focos o factores que propicien inseguridad, violencia, corrupción y, paradójicamente, impunidad. Lograr la efectiva reinserción social de quien está privado de su libertad, como establece el artículo 18 constitucional, debe sermás que una aspiración, una realidad concreta.
La política criminológica no solo debe atender la prevención, persecución (investigación) y sanción (sentencias) de los delitos, sino también, y esto pareciera que desde hace décadas se ha olvidado, una real reinserción social. Tal vez ello ha obedecido a que al tratarse de personas que han delinquido o a quien le atribuyen una responsabilidad penal, no debiera ponérsele atención. Pero ninguna política criminológica podrá ser exitosa sino es integral. Estamos hablando, por un lado, sí del respeto de los derechos humanos de quienes están al interior de esos centros penitenciarios ya se en calidad de sentenciados o bien en su carácter de procesados, que gozan del principio de inocencia, pero de otro lado del derecho de la sociedad para tener certeza de que la consecuencia de delinquir tendrá la sanción establecida por la ley.
Parecería que como sociedad no queremos voltear o no nos interesa la situación y las realidades que se viven en el sistema penitenciario. Por ello se debe insistir en la necesidad de que se diseñen y desarrollen políticas públicas que promuevan la justicia social, de manera general, y la justicia restaurativa, de manera específica. También es preciso promover condiciones dignas de encarcelamiento, así como sensibilización acerca de que las personas en reclusión son parte integrante de la sociedad y valorar la labor del personal penitenciario como un servicio social de particular importancia.
De no tomar cartas en el asunto seguirán ocurriendo hechos como el que conocimos el primer día de 2023 en el Centro de Reinserción Social (Cereso) 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua, a cargo de las autoridades locales, en donde 10 custodios del penal fueron asesinados, otros siete internos perdieron la vida y 25 reos se fugaron, muchos de los cuales eran internos por delitos considerados graves, lo cual nuevamente pone en el escenario el tema de la justicia.
La diversidad de centros que integran el Sistema Penitenciario Nacional que se encuentran en las 32 entidades del país es amplia (270 CERESOS, 14 CEFERESOS y 3 Prisiones Militares), diferenciándose, además, en cuanto a su estructura, capacidad, situación jurídica de los internos, dependencia de autoridades, organización, nivel de seguridad, así como el tipo de centro de acuerdo con el sexo de las personas privadas de la libertad, entre otros aspectos, lo que implica la complejidad del régimen. Por ello es importante insistir en que las autoridades que integran el Sistema Penitenciario Nacional, deben desarrollar y concretar acciones de evaluación y planeación que determinen las políticas públicas necesarias paraoptimizar los múltiples aspectos que incidan de manera cotidiana en las condiciones, estancia digna y gobernabilidad de los centros y que garanticen laintegridad física, requerimientos específicos de grupos vulnerables, así como la aplicación de programas para la reinserción social efectiva de las personas privadas de la libertad.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) cuenta con el “Programa de Supervisión Penitenciaria” y, desde 2006, elabora anualmente elDiagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, de acuerdo con la Guía Nacional de SupervisiónPenitenciaria y a través de una serie de indicadores que asignan un valor numérico al nivel de cumplimiento de estándares internacionales por parte de las instalaciones. La finalidad de este diagnóstico es ayudar a los gobiernos estatales a decidir dónde y cómo comenzar a encarar los problemas de los sistemas penitenciarios en cada una de sus jurisdicciones.
En el Diagnostico 2021 de centros del país se obtuvieron, entre otros, los siguientes datos: en los Centros Estatales las deficiencias detectadas con mayor incidencia se refieren a la insuficiencia de personal de seguridad y custodia; falta de separación entre procesados y sentenciados; deficientes condiciones materiales y de higiene para alojar a las personas y no se cuenta con algún programa para la prevención de adicciones y de desintoxicación voluntaria; insuficiencia de actividades laborales y de capacitación, falta de actividades deportivas y carencia de tareas educativas; deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias; deficientes condiciones del área médica; deficiencia en las condiciones materiales y de higiene de la cocina y comedores; deficiencias en la alimentación. También se identificaron como deficiencias importantes, condiciones de autogobierno, sobrepoblación, presencia de actividades ilícitas, así como falta de prevención y atención de incidentes violentos, propiciando con ello que grupos de internos adquieran el control de áreas del penal o de todo mediante la imposición de métodos informales de control, generando violencia e incluso delinquiendo en el interior y exterior y permitiendo el goce de privilegios y tratos especiales, en detrimento de las condiciones de internamiento de la mayoría.
Respecto de los Centros Federales, las mayores problemáticas que persisten son: la insuficiencia de personal, las deficiencias en la atención al derecho de protección de la salud de las personas privadas de la libertad, la falta de actividades educativas, deportivas, laborales y de capacitación, así como, la insuficiencia de programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria.
Mejorar el Sistema Penitenciario Nacional es una tarea que convoca a todos los actores relacionados con esta labor, se deben redoblar esfuerzos para mejorar de manera integral la infraestructura, personal y acciones que hagan posible la reinserción social efectiva. De no lograrse, no podemos aspirar a ser un sistema democrático digno de tal nombre: es urgente la atención inmediata de todos esos temas pendientes a través de políticas y procesos de planeación efectivos, que eliminen, de una vez por todas, las situaciones degradantes que se sufren en las cárceles de este país y que representan un caso grave de violación sistemática de los derechos humanos.
*Especialista en derechos humanos
