Por Teodoro Lavín
Después de la derrota a la “Cuatro T” en la elección de la presidenta del Poder Judicial, sin duda alguna se tambalea el que sea la misma Suprema Corte la que avale la pretendida reforma a las leyes electorales que Morena ha promovido con su mayoría simple en la Cámara de Diputados, así como en la de senadores, y en el gobierno de México saben que dicha reforma se puede caer. Aquíalgunas razones:
Si bien es cierto que la reforma electoral ha sido llevada al terreno de la confrontación entre supuestos liberales y conservadores (que así se califican mutuamente los adversarios), a diferencia de todas las otras reformas a partir de 1989, el espacio para dialogar fue una constante en todos los procesos de reformas electorales anteriores; y podemos afirmar que el intercambio de ideas permitió avances en cada reforma, a pesar de la de 2014 que no tuvo la trascendencia de las anteriores, pues ahí lo importante fue la persistenciaque daba certeza a los actores, con acuerdos y desacuerdos que siempre existen, porque su trascendencia fue la búsqueda de un objetivo común, que es lo que le ha dado estabilidad a las diferentes reformas y ha permitido llevar a cabo un proceso modernizador con gobernabilidad política.
La certeza es fundamental en las relaciones de los actores en los procesos electorales, porque de esa manera tendrían que sujetarse a las reglas establecidas y, desde luego, impedirían la intervención oficial en esos procesos.
Por desgracia, la realidad ahora es otra y la falta de voluntad política para el diálogo es algo que ha sido público y notorio, sobre todo para tratar de volver a los procedimientos de la mitad del siglo pasado, donde la intervención gubernamental era de total control sobre las elecciones.
Lo más inverosímil del famoso “plan B”, a pesar de que todas las encuestas dan como triunfadores a los candidatos de Morena en la próxima jornada del 24, es que el gobierno quiera poner una carga de incertidumbre en el proceso, lo que sería injustificable. Pero sabemos que, si los candidatos del partido del presidente pierden, dirán que es fraude y se tratara después de conseguir el desmantelamiento del corazón de la institución, que lo componen las juntas distritales, con este nuevo “plan B”.
La reforma electoral tiene dos temas centrales: el primero es el de las modificaciones a la Ley General de Comunicación Social, reglamentaria del artículo 134 constitucional. Los aspectos relevantes son: la definición de lo que es la propaganda gubernamental, la difusión de dicha propaganda por medio de campañas de comunicación social, y la libertad de los servidores para proporcionar“información de interés público” a su conveniencia, siendo este tema uno de los puntos fundamentales por los cuales luchó AMLO en el pasado, dejando ahora todo en medio de la imprecisión en las campañas de comunicación social, sin establecer parámetros u órganos de medición de audiencias o ratings, para construir el despliegue de mensajes de acuerdo a lo que la población espera; además de que permite que quienes ocupen los cargos públicos utilicen sin control los medios masivos para influir en el electorado de manera parcial.
Conocemos que se han hecho demasiadas contrataciones, y que en verdad se podría acabar con el desperdicio de recursos materiales y humanos que el INE, como todo gigante administrativo, haya hecho. Si bien la institución se fundó en 1990, se trasformó en 2014 y ése era el momento idóneo para realizar una revisión estructural de ella, pero han transcurrido casi nueve años y no se realizóporque quien encabeza la institución careció de visión de futuro, pues cuando la soberbia aumenta se pierde la relevancia que tiene en un órgano tan complejo la delegación de atribuciones, perdiéndose en la nada la comisión de modernización ya existente entonces.
La verdad es que esas deficiencias institucionales existen, por lo que sí se necesita una nueva visión de lo que es el INE, pero pensando de manera positiva, sin quitarle funciones y sólo reduciendo algunas dependencias que tienen responsabilidades similares; sabemos que se pueden mejorar muchos de los procesos, pero no se justifican los cambios a la LEGIPE que trastocan la funcionalidad de la estructura orgánica necesaria para cumplir la función estatal, constitucionalmente establecida, de organizar las elecciones bajo los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. Si esos principios no se respetan lo sufriremos todos, y se puede perder la gobernabilidad antes señalada, por lo que esperamos que ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación no avale los cambios y le de para atrás a esta “reforma B”, que es, desde luego, claramenteanticonstitucional. ¿No cree usted?