Por Juan Carlos Domínguez Domingo*
Para La Jornada de Morelos
Entre los principales aportes que debe hacer la investigación académica está el de incidir en transformar las realidades que investiga. Esto pasa, por un lado, por analizar críticamente una realidad y facilitarle a los tomadores de decisión datos y herramientas para hacerlo, y por otro, por aportarle a la sociedad una lectura o interpretación de los ámbitos de estudio que se abordan para comprenderlos mejor, y en consecuencia, intentar resolver, o en el mejor de los casos, advertir o prevenir los problemas que se derivarían de las transformaciones que experimentan las sociedades. La realidad como sabemos es sumamente compleja, en este sentido, intervenir o no con políticas públicas en diversos ámbitos de la vida pública comprende entre otros factores la definición del problema y considerar las posiciones de muchos actores que intervienen en su configuración. En el caso de las políticas culturales, si las reconocemos en principio como una serie de prácticas que se fundamentan en satisfacer las necesidades culturales de una población de acuerdo con los recursos con los que se cuenta, estaríamos situados frente a un complejo entramado de creadores, agentes culturales, ciudadanos y comunidades, instituciones públicas de los tres niveles de gobierno, organizaciones de la sociedad civil e instancias privadas, a través de las cuales las políticas culturales transitan por diversos escenarios de la producción cultural. En este espacio pretendo contribuir al debate en la confección de las políticas culturales morelenses en relación a sus propios artistas y creadores, comunidades y sociedades artísticas, gestores culturales e instituciones estatales, federales y municipales.
Considero que un buen punto de partida es mirar la infraestructura cultural como un primer paso para comprender el entramado de una realidad estatal que si bien no puede utilizarse como un único referente, sí puede reflejar hasta cierto punto uno de los instrumentos más valiosos a la hora de diseñar e implementar las políticas culturales. La importancia de la infraestructura cultural radica justamente en que es ahí, en donde ocurren buena parte de las actividades culturales que se llevan a cabo día con día en la entidad.
Las bibliotecas como sabemos no solo son espacios que albergan libros y en los que se fomenta la lectura, labor fundamental por cierto para aspirar a desarrollar la vida cultural de una comunidad, son muchas veces también espacios en los que se llevan a cabo una buena parte de las actividades culturales en las cuales se materializan las estrategias y programas. Es en estos lugares donde muchas veces los vestíbulos y las áreas comunes se transforman en salas de conversación, en escenarios de música, danza, teatro y en salas cine, son también los lugares en los que se intercambian ideas y se desarrollan discusiones sobre temas diversos que atañen a la vida de la comunidad. En ellas no sólo se difunde el conocimiento y saberes a través de las forma impresa sino también a través las tradiciones orales y el arte. Pensar las bibliotecas desde ese lugar, nos permite advertir al menos con qué clase de infraestructura contamos para que la acción cultural ocurra. La Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA) de la UNESCO aconseja que debe de existir al menos una biblioteca en poblaciones con más de 3 mil habitantes y un sistema de bibliotecas en lugares con más de 50 mil. Para ciudades de más de 400 mil habitantes se aconseja al menos una biblioteca central que coordine las bibliotecas distritales y de barrio en las que se recomienda que los fondos sean sobre todo infantiles y juveniles. De acuerdo con los datos del Sistema de Información Cultural (SIC) de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, existen dentro de la Dirección General de Bibliotecas Públicas, 7,474 en todo el país, de las cuales 155, es decir el 2%, se encuentran en Morelos. Si observamos cómo se distribuye esta infraestructura respecto a la densidad de población vemos que el promedio nacional es de una biblioteca por cada 16,860 habitantes. En el caso de Morelos ese promedio está por debajo de la media nacional, es decir en una biblioteca por cada 12,719 habitantes. No estaría mal este panorama respecto a la realidad nacional si lo viéramos desde un enfoque macro, es decir, desde la distribución por entidad federativa, sin embargo, observándolo desde la densidad demográfica de cada municipio que conforma el estado de Morelos, los datos nos ofrecen otra realidad. En Cuernavaca y su área conurbada (Temixco, Jiutepec, Xochitepec, Emiliano Zapata, Tepoztlán, Huitzilac y Tlaltizapan), se concentran más de 1 millón de habitantes. En estos municipios incluyendo Cuernavaca, existirían 46 bibliotecas públicas lo que nos daría un promedio de 22 mil habitantes por biblioteca, es decir 5 bibliotecas por cada 100 mil habitantes, muy lejos de países como Finlandia que tienen 110 o Suecia 64. Un caso especial es el municipio de Tetecala que con una población de apenas 8 mil habitantes, cuenta con 8 bibliotecas, con un índice de 105 por cada 100 mil habitantes. Los tres municipios indígenas en Morelos, (Hueyapan, Xoxocotla y Coatetelco) cuentan cada uno con una biblioteca pública, aún y cuando habitan en cada uno mucho más que tres mil habitantes que recomienda la UNESCO, además de que en estos lugares se deben de procurar fondos en la lengua indígena local. Los retos de la infraestructura de bibliotecas se enfrentan ahora a una realidad convergente. El dilema del acceso virtual a acervos bibliotecas sigue siendo todavía una limitante para muchos sectores de la población. Abandonar la misión de ampliar y mejorar la red de bibliotecas públicas en aras de la digitalización es un riesgo que no se debe correr. Como se ha dicho, desde las bibliotecas públicas se transmite el conocimiento y la sensibilidad artística y cultural de muchas formas, por eso su importancia. Cabe señalar que la infraestructura de bibliotecas públicas no considera las que se encuentran en universidades y centros de educación superior, en este sentido resultaría muy importante que dichas bibliotecas consideren no solamente ampliar sus acervos a sectores de la población más amplios sino también sus actividades académicas y culturales. Vincular la vida académica con el fomento a la lectura por ejemplo es una tarea pendiente que nos permitiría consolidar una política cultural de fondo.
*Investigador del CRIM-UNAM en Morelos