El consorcio minero Peñoles, de la familia Bailléres, es dueño de la vida y la tierra en un municipio en Guerrero. Las concesiones mineras en Guerrero abarcan el 21.2% del territorio estatal. Entre 2011 y 2016, la Secretaría de Economía incrementó el número de hectáreas concesionadas de 1 millón 37 a 1 millón 354 mil. Según la dependencia federal, el estado de Guerrero cuenta con 12 regiones clasificadas como mineras, que abarcarían poco más del 60 por ciento del estado. A esas áreas les denomina comercialmente Cinturones de Oro y Plata para ser adquiridas por inversionistas. Dos de ellas corresponden a los municipios San Miguel Totolapan y Arcelia, en la región de Tierra Caliente.
San Miguel tiene una extensión total de 264,810 hectáreas. El 45.3% de esa superficie ha sido concesionada a un puñado mineras. Industrias Peñoles se ha apropiado de la mayor parte de esas concesiones, lo que lo convierte en el dueño del 38.8 por ciento del territorio de este municipio. Peñoles es la empresa que posee más hectáreas concesionadas en México. En Guerrero, obtuvo para sus subsidiarias, Compañía Minera la Parreña, y Exploraciones Mineras la Parreña, 41 lotes que suman 102,795.5 hectáreas. Dentro del conjunto de concesiones en San Miguel Totolapan, destaca un lote de 27 mil hectáreas para la extracción de oro, apodado David 3.
La mitad de la población de San Miguel Totolapan se vio forzada a abandonar sus tierras en poco más de 10 años, mismo período en que Peñoles adquiría más y más concesiones mineras. Los habitantes del municipio sufrieron asesinatos, secuestros, extorsiones, amenazas, robos, destrucción de sus casas y presenciaban enfrentamientos mortales entre sicarios. A partir de 2007, comenzó el régimen de terror en San Miguel Totolapan (Bernardo Torres, 2017), los pueblos campesinos han vivido los horrores de un escenario de guerra. Los grupos de narcotraficantes La Familia Michoacana y los Tequileros se han enfrentado constantemente. Los habitantes, aterrorizados por la violencia, huyeron. El municipio quedó en manos del crimen organizado y de Peñoles, con su enorme volumen de concesiones.
San Miguel se convirtió en un gigantesco latifundio de los Bailléres al despojar al municipio de casi 40% de su territorio para sacar oro, plata, zinc, plomo, molibdeno, tungsteno y cobre. Los habitantes de 25 pueblos se marcharon de la región, quedaron vacíos Las Mesas, Chaxcuita, Los Bancos, Santa María de las Flores, El Barroso, San Gregorio, Barranca de Iguala, Los Pericos y Potrero. Otros pueblos desplazados fueron El Real, Los Cajones, Los Guajes, Cuadrilla, El Machero, El Carrizal y El Querengue. En la zona de la sierra, se disgregaron las comunidades de Periotepec, Los Encinos, Las Tunas, Huerta Vieja y El Aguacate. En un día, 11 de abril de 2018, 92 personas salieron de tres pequeños pueblos. Iban resguardados por el ejército.
La población de San Miguel Totolapan ha vivido una guerra de despojo porque su bosque templado es una zona en la que la delincuencia organizada se adjudicó el control y porque sus cerros contienen metales diseminados. El municipio cambió en pocos años, pasó de ser una región de producción agrícola a un latifundio minero. Al tiempo que creció el enfrentamiento entre grupos criminales, aumentó el ataque contra la población y su desplazamiento forzoso. Peñoles ha despojado de su territorio a la población campesina para garantizar su posición como primer productor de plata del país. Los Cinturones de oro y Plata de Guerrero son las zonas de sacrificio de Peñoles y otros capitales que se aprestan a extraer mayores volúmenes de metales preciosos y otros minerales.
Los empresarios mexicanos y canadienses de la minería y los gobiernos de todos los niveles presionan hacia la profundización de una forma de inversión que funciona con base en el terror contra la población, la contaminación de la cuenca del río Balsas, la destrucción ecológica y los acuerdos con el narcotráfico.
*Profesora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México